"Resulta acreditado que por parte de la Ciudad no se han efectuado pagos en cuantía superior" a lo previsto en el contrato entre la Admnistración local y Urbaser [157 millones de euros] para la prestación del servicio de limpieza pública viaria hasta el pasado 1 de febrero. Es más, desde 2001 hasta esa fecha la empresa recibió, en realidad, 142.220 euros menos (un total de 156,85 millones) de los que contemplaba el documento, el resultado de descontar las certificaciones no aceptadas por los controladores de la ejecución de los trabajos.

Esa es la conclusión del informe técnico que, a cuatro manos, han elaborado el tesorero y el interventor de la Ciudad Autónoma, Emilio Lozano y José María Caminero, que a ojos del Gobierno local desmonta la teoría de que a alguien se le escaparon 12,5 millones de dinero público de las manos.

El portavoz gubernamental, Guillermo Martínez, ha entregado este jueves, primero a la oposición y después a los medios de comunicación, cuatro informes. El referido, que "acredita que sólo se ha pagado lo que establecía el contrato de acuerdo con los precios unitarios, los servicios prestados y las certificaciones asumidas"; el del asesor contable Federico Cuenca, cuyas cifras (12,5 millones en pagos para amortizar maquinaria por encima de lo que, según él, desembolsó Urbaser por el mismo concepto) no ha querido retocar el Gobierno para que, si puede, lo haga Urbaser.

El tercero, el de un técnico jurídico que deja claro que la Ciudad "está obligada a pagar sus contratos" pero "hacerlo no implica validar la prestación del servicio, algo que se puede hacer en su liquidación, como estamos realizando"; y un cuarto que desmonta también la tesis de Cuenca y Carracao según las cuales los pagos para amortizar vehículos debían computarse presupuestariamente en otros capítulos.

Este viernes o, como muy tarde, la próxima semana, Martínez firmará un Decreto en el que rechazará "casi en su totalidad" las reclamaciones de Urbaser para cobrar 15 millones extra por servicios prestados en el Tarajal, intereses de demora, la subida salarial de 2008 y las mencionadas anteriormente certificaciones no admitidas.

Además, el Gobierno local instará a Urbaser a aclarar cuánto invirtió realmente en maquinaria (en adquirir los vehículos, pero también en su financiación, reparaciones...), cuándo terminó de amortizarlo y, en su caso, por qué no sustituyó las máquinas, como estaba obligada a hacer, el "presunto incumplimiento del Pliego de 1991 prorrogado en 2001" que ha denunciado Caballas. Junto a esa petición, el Ejecutivo ceutí le trasladará el informe de Cuenca, el de los 12,5 millones, que no se ha querido enmendar, para que argumente lo que estime oportuno en contra.

"Si los técnicos creen que se ha producido algún enriquecimiento injusto, es decir, si consideran que Urbaser ha recibido un solo euro que no le corresponda, iniciaremos todas las acciones en nuestra mano para reclamar hasta el último céntimo", ha advertido Martínez, quien también ha pedido "prudencia" sobre el final de un procedimiento administrativo "que hay que llevar con todas las garantías".

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