"Varios" diputados de la Corporación saliente no han presentado sus declaraciones de bienes


"Varios" diputados de la Corporación saliente no han presentado sus declaraciones de bienes

- Hachuel se niega a dar los nombres de los incumplidores y asegura que ya se les ha instado a dar cuenta de sus propiedades, intereses y actividades al término de la pasada legislatura

- La legislación exige que anualmente se actualice la información, algo que la Ciudad Autónoma no hace

"Varios" diputados de la Corporación saliente de "distintos grupos políticos" no han presentado, contra lo que exige la legislación, sus declaraciones de bienes de final de la legislatura pasada, según ha reconocido este viernes el portavoz del Ejecutivo local, Jacob Hachuel, que se ha negado a dar sus nombres para no extender un velo de sospecha sobre ellos. Su identidad se dará a conocer, eso sí, si se aprecia que en su comportamiento hay "mala fe" y voluntad de ocultar esa información.

Según ha explicado, la Administración ha instado a los incumplidores a dar cuenta de sus relaciones de propiedades e intereses para hacerlas públicas, algo que tampoco se ha hecho aún tampoco con las declaraciones de los nuevos integrantes del Pleno.

Hace cuatro años, el Gobierno de Juan Vivas tardó casi un año en cumplir con ese requisito de transparencia. Mientras, en multitud de ayuntamientos y Autonomías se pueden consultar no solo las declaraciones de bienes, actividades e intereses de los electos, sino incluso las de sus cónyuges, como en el caso de la Junta de Andalucía.

El artículo 75 de la Ley de Bases del Régimen Local, modificada en 2007, exige que todos los miembros de las Corporaciones Locales formulen declaración sobre las causas de incompatibilidad en que puedan incurrir y sobre cualquier actividad que les proporcione efectivamente o pueda previsiblemente proporcionarles ingresos económicos y sobre los bienes patrimoniales de los que son titulares y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades.

Los cargos electos deben hacer por ley una declaración jurada de bienes antes de tomar posesión de sus cargos desde hace 30 años. Antes no era pública y quedaba custodiada por cada ayuntamiento. En 2007, la Ley del Suelo aprobada por Zapatero estipuló que todos los alcaldes y concejales españoles tenían la obligación de hacer públicos de verdad sus negocios y sus bienes.

La Ley de Transparencia que ha cumplido un año y medio de vida también es clara: “Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local” se deben dar a conocer, “cuando el reglamento no fije los términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones”, según lo dispuesto “en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General del Estado”. Además, precisa que “en todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares”.

El Reglamento vigente de la Asamblea establece que los diputados “tienen el deber de formular declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o puedan proporcionar ingresos económicos”. “Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales”, exige. Dichas declaraciones “se inscribirán en sendos Registros de Intereses que tendrán carácter público”. Además, estipula que “antes del 1 de agosto de cada año deberán incorporarse al Registro de Intereses las autoliquidaciones tributarias del último ejercicio económico declarado”.

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