El presidente apuesta a la par por ceder la guarda de los jóvenes inmigrantes a entidades humanitarias con sede en otras comunidades y por ampliar recursos de acogida con infraestructuras del Estado, además de urgir al Ejecutivo nacional que financie los sobrecostes que ha generado la saturación de los espacios de tutela
Una semana después, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha vuelto a comparecer -acompañado además del padre Ángel- para llamar la atención sobre la situación "crítica" que vive la Ciudad en materia de tutela de menores inmigrantes no acompañados. Entiende que tras el mensaje de auxilio emitido hace ocho días la respuesta ha sido insuficiente, poniendo de relieve que el contexto es ahora peor por las numerosas entradas que se han producido en las últimas jornadas y pidiendo a su partido el PP y al Gobierno de la nación, en manos del PSOE, que se pongan de acuerdo para ofrecer una solución, no solo puntual, sino duradera, estable y estructural. Algo que pasaría por la reforma de la Ley de Extranjería propuesta por los socialistas y que siguen bloqueando en el Congreso los Populares. Además de esta vía, la Ciudad trabaja en incrementar el espacio para nuevos casos y llama a la Administración General a poner a su disposición instalaciones que puedan servir de apoyo. También valora el mando ceutí la opción de ceder la guarda de los jóvenes a entidades humanitarias -que no su tutela- con sedes en otras regiones a las que puedan ser transferidos.
Sin precisar siglas en un primer momento, el líder local habló de la urgencia de una "reacción decidida y enérgica por parte del Estado con la implicación, también decidida e imprescindible, por parte de las Comunidades": "Es necesario que todos asumamos que este es un asunto de todos para que deje de ser un problema", subrayó a renglón seguido.
Insistiría luego en lo fundamental de que exista colaboración "institucional y política", no solo para socorrer la emergencia actual, sino pensando en "sentar las bases de una respuesta estable a este fenómeno" a nivel regulatorio, jurídico, financiero y de instalaciones. "No puede ser que se llame permanentemente la atención por la precariedad. España tiene capacidades, con el concurso necesario de la Unión Europea, para dar una respuesta estructural a este fenómeno", valoró Vivas.
Ofreció el presidente al inició de su comparecencia una retahíla de datos que hacen comprender mejor el contexto y explican el colapso que enfrenta su Gobierno en la materia. Desde la pasada semana se ha incrementado el número de entradas y estas "no han ido acompañadas de un número equivalente de salidas". Ayer jueves fue "el peor día del mes". Entraron 46 menores, ascendiendo así a 459 los jóvenes que ahora mismo dependen de la Ciudad. Esto supone una sobreocupación del 422% de los recursos de los que dispone la Ciudad.
En el mes de agosto llegaron a Ceuta 219 menores migrantes no acompañados y en lo que va de año la cifra asciende a 660. Son 548 más que en 2023, un incremento del 489%. Situación que, según destacó Vivas, ha obligado a "un esfuerzo extraordinario por parte del área de menores", encargada de habilitar nuevos espacios para que niños y adolescentes que han alcanzado suelo español en solitario puedan vivir.
La salida prevista de alrededor de setenta casos -veinte ya se han derivado- hacia otras comunidades, en virtud del Plan de Contingencia aprobado en julio, es la única vía de desahogo que la Ciudad tiene por segura en estos momentos. Frente a eso, Vivas trazó un esquema de actuación con cinco puntos que, pretende, pueda paliar la situación extrema actual.
Incrementar recursos de acogida, ceder la guarda y financiación
El primer punto de la estrategia de Vivas pasa precisamente por completar las derivaciones contempladas en el Plan de Contingencia. En este sentido, se valora otra opción para poder transferir menores a otras comunidades. La vía, en concreto, pasaría por ceder su guarda a entidades humanitarias -como la del padre Ángel, Mensajeros de la Paz-, manteniendo la Administración ceutí su tutela, a pesar de ser trasladados a la comunidad donde estas organizaciones tengan instalaciones. Para ello es necesario que los gobiernos regionales de esos lugares den el visto bueno a la operación que en principio, según el presidente ceutí, aparenta contar con el visto bueno del Ministerio de Infancia
Más allá de las opciones de trasladar a los jóvenes, justo en lo que se centran los dos puntos previamente citados, la estrategia que maneja el Gobierno local incluye acciones para incrementar los puntos de acogida. Por un lado se barajan opciones -siendo estas muy reducidas- para ampliar estos espacios con recursos propios. A la par, se instará al Estado a poner opciones de su titularidad a disposición de la Ciudad. Algo que a priori pasaría por cesión de cuarteles o edificios de Defensa. Sin embargo, Vivas evitó especificar si esa es la intención.
El plan del presidente se cierra con la cuestión económica. Piden que se cubra la financiación de emergencia, es decir, todo lo que se ha gastado para soportar la sobreocupación que ha generado la entrada masiva de menores. Aunque, por el momento, no hay una cifra exacta.
Confianza en que el PP de su brazo a torcer si se clarifica el cambio normativo
Gran parte de la solución al problema pasaría por que se aprobara la reforma de la Ley de Extranjería propuesta por el PSOE y que el PP no acaba de apoyar. Preguntado sobre esta cuestión, el presidente Vivas se mostró confiado sobre un posible cambio de opinión de su formación política, eso sí, siempre que se clarifiquen algunos aspectos de la variación legal.
De esa forma evitó hacer una crítica directa a los populares y dejó en el techo del Gobierno central la condición de profundizar en esa modificación normativa: "He dicho que, como concepto, la derivación a la Península es necesaria si partimos de la consideración de que es un asunto que debemos abordar entre todos. Debe haber una herramienta que lo permita, es consustancial con un fenómeno que nos afecta a todos, pero no solo es cuestión de modificación la ley. Se deben determinar cuáles son los criterios que definen la cuota de acogida que le corresponde a cada comunidad viendo las capacidades de los territorios. Además será necesario poner la financiación correspondiente", zanjó.
