El PP ha evitado comprometerse este miércoles en el Pleno a solicitar al Gobierno central la inclusión de una disposición en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 con el fin de modificar el Estatuto de los Trabajadores y obligar a todas las empresas radicadas en Ceuta a abonar a sus trabajadores como indemnización por residencia una cantidad "no inferior al 25% del salario base", como ha propuesto hacer la coalición Caballas en una dirección a la que se opone rotundamente la patronal.

Para los localistas, según ha explicado Juan Luis Aróstegui, la Ciudad Autónoma está obligada a "anclar con la mayor seguridad jurídica posible el Plus de Residencia como elemento esencial de nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF) especial, garantizando y generalizando su percepción".

Actualmente los trabajadores del sector privado sufren "un imparable proceso de devaluación" de esa indemnización "como consecuencia de su precariedad jurídica" al estar regulado por una norma preconstitucional de 1975 sobre la que prevalecen los Convenios Colectivos, "lo que trae como consecuencia inmediata que sea cada vez mayor el número quienes ya no lo perciben".

Caballas considera que esta situación "supone una evidente injusticia para los afectados, una inadmisible desigualdad entre los trabajadores del sector público y el sector privado, que son precisamente los menos favorecidos, y un inaceptable debilitamiento de nuestro REF en el elemento que afecta a los sectores más débiles de la población asalariada".

El presidente de la Ciudad ha tomado la palabra para explicar el 'no pero sí' con el que los Populares han respondido a la coalición. Vivas se ha comprometido, aunque su formación ha votado en contra de la iniciativa, a auspiciar reuniones "bilaterales y de grupo" con los partidos de la oposición y los agentes sociales para forjar un "consenso" que, a su juicio, es imprescindible para promover tal reclamación al Ejecutivo de Rajoy.

De hecho, el líder del Gobierno autonómico ha asegurado estar "de acuerdo" en "el fondo" de la propuesta localista y ha instado a la Corporación a seguir con ella el mismo camino que con la ampliación de las bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, parte de cuyo ahorro empresarial se deriva directamente hacia las nóminas de las plantillas de las sociedades beneficiarias.

"No tiramos la toalla"

Además, Vivas se ha esmerado en desmentir que su Gobierno “no ha desertado” de la lucha por mejorar las condiciones laborales en Ceuta, “donde tenemos la obligación de lograr un nivel de desempleo equiparable a las medias nacionales o de las Autonomías más desarrolladas, algo que no es nada fácil”. “Eso exige un cambio de modelo económico porque las posibilidades de la Administración para, vía contratación directa, atajar ese problema, están prácticamente agotadas”, ha señalado antes de recordar que la imposición indirecta aquí ronda el 5% “y más no se puede bajar”.

“Aunque la pusiésemos a cero no habría un atractivo definitivo para conseguir la localización de empresas; desde el punto de vista de la demanda de empleo más de un 40% carece de formación básica cuando a escala estatal la media es del 11% y además tenemos que competir con un paraíso fiscal que tenemos en contra y algo que no nos planteamos ser para no entrar en la lista negra de la actividad económica mundial.

“No tiramos la toalla pero tampoco queremos crear expectativas falsas en la ciudadanía: hay que perseverar con una estrategia y la tenemos, aunque los resultados puedan ser más discutibles, pero en este ámbito hace falta caminar desde el consenso", ha dado por sentado.