Los presidentes de Ceuta y de Melilla, Juan Vivas (PP) y Juan José Imbroda (PP), han visitado esta mañana el puesto fronterizo del Tarajal para dar cuenta de su “respaldo, aprecio, consideración, apoyo, cariño y admiración” a los funcionarios de la Guardia Civil que trabajan en los perímetros de ambas ciudades y “agradecerles su importantísima labor velando por la seguridad de todos en condiciones de extrema dificultad”.

En declaraciones a los medios tras una reunión de trabajo en la que los dos Gobiernos han renovado su “vocación de acción conjunta”, Vivas e Imbroda han rechazado que “nadie” intente “dar lecciones de actitud humanitaria, de respeto a los derechos humanos, de acogida o de solidaridad” tanto a la Benemérita como a la ciudadanía de ambas ciudades, que lleva esos principios “en nuestro código genético”.

El líder del Ejecutivo melillense ha recalcado su “apoyo total a los guardias civiles, que hacen su trabajo muchas veces heridos y mal pagados, con problemas y viendo el drama de la inmigración en primera línea, como la Policía Nacional, con multitud de gestos de solidaridad que pasan pero parece que no pesan”.

“Apoyo a los imputados”, ha añadido Imbroda, “porque estoy seguro de que ese caso quedará en nada, de que no agredieron a nadie y de que se limitaron a cumplir con su obligación frente a un fenómeno, el de la inmigración, que nos desborda a Ceuta y a Melilla, a España y casi diría que la Unión Europea”.

A su juicio lo pertinente es “apoyar y comprender el drama humano” de los migrantes pero exigir la “regularización” de sus flujos, ya que lo contrario “son problemas para todos”. “No podemos aceptar a los cuatro que están sobre la valla porque detrás vendrían cientos de miles y entonces la Unión Europea lo que tendría que hacer es un puente internacional para llevárselos, algo que no creo que acepte”, ha terminado.

Vivas, por su parte, ha dicho haber visto a los guardias “tranquilos” y “con ganas de seguir cumpliendo con su deber de asistir, socorrer y velar por el imperio de la ley, que es su enseña”. “Respetamos las resoluciones judiciales pero también advertimos que una imputación no es una condena y que hay que hacer valer la presunción de inocencia porque estamos plenamente convencidos de que no habrá condena porque actuaron con los principios de legalidad, proporcionalidad y profesionalidad”, ha concluido en relación con el despliegue del 6 de febrero del año pasado, por el que 16 funcionarios han sido citados a declarar en la investigación por un presunto delito de homicidio por imprudencia.

Los dos presidentes han trasladado a los medios su “dolor” y sus “condolencias” por la desaparición de cientos de inmigrantes en el Canal de Sicilia, un suceso luctuoso “provocado por las desigualdades de este mundo injusto en el que vivimos, por la desesperación y, sobre todo, por los traficantes de seres humanos sin escrúpulos que empujan a la muerte y que son los verdaderos culpables”.

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