Los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Vivas y Juan José Imbroda, han firmado un documento con el que muestran su compromiso para continuar articulando instrumentos para la reactivación de la economía. La firma del texto se ha producido después de un encuentro celebrado en el marco de la Convención Nacional del Partido Popular, que ha contado con el respaldo de la dirección nacional de esta formación, escenificado con la presencia del vicepresidente de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, el coordinador de Economía y Empleo, Cristóbal Montoro, y el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. En la reunión han estado presentes los consejeros de Hacienda, Francisco Márquez, y Economía y Empleo, Guillermo Martínez, y sus homólogos melillenses, Guillermo Frías y Daniel Conesa, además de otros cargos como el consejero de Fomento, Juan Manuel Doncel, y el presidente de la Autoridad Portuaria, José Torrado.

El documento comienza repasnado las principales medidas económicas, financieras y fiscales que se han implantado en los últimos años y recordando algunas de las principales reivindicaciones que tienen planteadas los Ejecutivos de Vivas e Imbroda. En concreto, se trata de la ampliación de las bonificaciones de la Seguridad Social; el incremento de las deducciones y bonificaciones que se contemplan en el IRPF y otros impuestos (como el de de sucesiones y transmisiones); el reconocimiento de un estatus especial por parte de la Unión Europea; la reclamación de que se garantice el compromiso del Estado de mantener unos niveles de calidad en los servicios públicos iguales a los del resto de España y, por último, la mejora de las condiciones de conectividad, mediante al abaratamiento de los precios del transporte marítimo y aéreo que unen a nuestras dos ciudades con la península.

Después de realizar este preámbulo, el documento se centra en realizar nuevas propuestas cuya ejecución se han comprometido a intentar llevar adelante tanto Juan Vivas como Juan José Imbroda y que, de momento, tendrán reflejo en sus respectivos programas electorales.

En concreto, estas medidas son las siguientes:

1.- Considerar, a efectos de la iniciativa sobre ampliación de las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, como sectores de interés prioritario, junto con los que en la actualidad son destinatarios de la medida, aquellos servicios que cumplan con alguno de los dos requisitos siguientes: estar igualmente afectados por los condicionantes que justifican la bonificación, como ocurre con el transporte urbano, entre otros; o contar con un notable potencial de empleo en el caso de que la misma les sea de aplicación.

2.- Establecer el tipo del 1% en el impuesto sobre Sociedades para las entidades implantadas que cumplan con determinadas condiciones de inversión y empleo, en términos parecidos a los contemplados en las zonas económicas especiales del archipiélago canario.

3.- Sustitución del actual IPSI por una figura impositiva tipo IGIC (Impuesto general insular canario), de estructura similar al IVA, pero con tipos más reducidos, lo que permitiría, entre otras consecuencias la mejora de la competitividad del comercio local por al dejar de tributar por la mercancía importada y no vendida; regular un sistema ágil de devolución, o no aplicación, del impuesto a las compras efectuadas por viajeros procedentes de la península, de Marruecos, o del resto del mundo; y evitar el efecto acumulativo de la carga tributaria. También serviriá para favorecer la fidelización de la demanda interna mediante el establecimiento de unos tipos de gravamen sensiblemente inferiores a los del IVA.

4.-Reducir en un 50% el bloque tarifario de los puertos de Ceuta y Melilla, tomando como referencia las medias nacionales, y contemplar, de manera simultánea, un fondo estatal destinado específicamente a garantizar el normal funcionamiento de ambos puertos. Una medida excepcional que se justifica por las circunstancias, igualmente excepcionales, que en los mismos concurren: naturaleza de infraestructuras esenciales e insustituibles para las comunicaciones con la península y para el abastecimiento de productos vitales; e infranqueables dificultades para lograr el equilibrio de explotación que la normativa común prima. Dificultades nuevamente relacionadas con los condicionantes estructurales, y muy especialmente con las instalaciones que se promueven y construyen al otro lado de las dos fronteras.

5.- Articular los mecanismos legales específicos que sean precisos para que el Ministerio de Defensa pueda ceder, de manera gratuita, suelo disponible de su titularidad con destino tanto a equipamientos públicos e infraestructuras de tal naturaleza como a la promoción de viviendas protegidas, a través de convenio con las Ciudades Autónomas. Una medida que debería coincidir con el impulso y culminación de la construcción de las bases únicas proyectadas en ambas ciudades.

6.- Disponer las medidas que sean precisas para que el coste de la insularidad no repercuta en los precios de la energía y del agua. En este sentido, la posible interconexión con la red eléctrica peninsular de ambas ciudades, mediante la instalación de los correspondientes cables de suministros, se plantea como una medida imprescindible a medio o largo plazo.

Posición común

Del mismo modo, Vivas e Imbroda han manifestado su compromiso de fijar una posición común en relación con otros dos asuntos íntimamente relacionados con los que se contienen en la declaración, como son el desarrollo y conclusiones de la ponencia que sobre Ceuta y Melilla aborda la Comisión Mixta de las Cortes Generales encargada de los asuntos relacionados con la Unión Europea, y el estudio, junto al Gobierno Central, de la posible integración de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera. Una opción que deberá ser sometida a la opinión de los agentes económicos y sociales de ambas ciudades, y que para que se considere beneficiosa según ambos Gobiernos, deberá cumplir dos condiciones, que sea compatible con las peculiaridades económicas y fiscales, y que no perjudique a ninguna de las actividades que, de manera tradicional, se llevan a cabo al amparo del estatus de territorio franco aduanero.

Los dos gobiernos continuarán ahondando en estas cuestiones. La siguiente cita será en Melilla el próximo febrero.