El Gobierno que preside Juan Vivas no recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ceuta que, la semana pasada, anuló el nombramiento como director general de Finanzas de José Diestro al considerarlo "no ajustado a Derecho" por estar reservadas a funcionarios de carrera algunas de las competencias que se le atribuyeron hace un año y por falta de motivación para justificar su elección. Tampoco prescindirá de él.

El Ejecutivo, han explicado fuentes de toda solvencia, sigue considerando que su valía está fuera de toda de duda y que, una vez que el Juzgado ha dejado claro que sí es posible que un no funcionario de carrera ejerza de director general, la solución pasa por podar algunas de sus atribuciones.

“La posibilidad de ser nombrado director general sin ser funcionario público”, establece la sentencia, “dependerá de las características específicas de las funciones de la Dirección General: si en estas se incluyen, como con la de Finanzas y Presupuesto, funciones tan esenciales para el interés general como la ‘gestión de la financiación de inversiones, gestión de operaciones de endeudamiento, gestión de operaciones financieras’, es lógico colegir que su cumplimiento debe quedar reservado exclusivamente a funcionarios de carrera, pues así lo dispone expresamente el EBEP”.

Así pues, el Consejo de Gobierno retirará de las competencias atribuidas a la de Finanzas y Presupuesto estas atribuciones "esenciales para el interés general" y Diestro seguirá ejerciendo las tareas de "coordinación" económica que en opinión del Ejecutivo justificaron su designación.

El Gobierno confía en alcanzar un acuerdo con FSP-UGT, la central que recurrió el nombramiento y a la que el magistrado ha dado parcialmente la razón (el Juzgado sí dice que "es cierto que cabe la posibilidad de nombrar personal directivo al personal laboral y por tanto a quien no ostente la condición de funcionario de carrera").

Los ugetistas han amenazado, sin embargo, si Diestro no es desalojado de su puesto, con mantener la pelea judicial, que según el entender de sus servicios jurídicos podría concluir con la exigencia de que devolviese las retribuciones percibidas, la anulación de sus decisiones como director general o la extensión de la doctrina de la sentencia a otros directores y subdirectores generales que tampoco son funcionarios de carrera, como Adelaida Álvarez, Carolina Pérez o Salvador Jaramillo.