El presidente de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha enmarcado este miércoles en una rueda de prensa en la que no ha aceptado preguntas en un intento de "verdadero Golpe de Estado” sobre la Ciudad y el Gobierno de Juan Vivas la salida de José María Rodríguez y María del Carmen Vázquez y la divulgación de mensajes procedentes de un grupo de Whatsapp de la cúpula de su partido, por cuya difusión se van a interponer querellas por un supuesto delito de revelación de secretos.

Redondo se ha remontado hasta la mañana del 27 de enero para recordar que los dos “tránsfugas” pasaron a la condición de no adscritos “sin comunicación previa” a Vox y mientras, casi simultáneamente, saltaban a la luz pública y los dos parlamentarios se excusaban “de manera ridícula y torticera” en su contenido para justificar su decisión “en un chapucero intento por ocultar sus verdaderas razones”.

Una semana después, el líder de Vox ha puesto de relieve cómo “a lo largo del Pleno de Presupuestos” y del ordinario de enero “se posicionaron directamente con las directrices de voto marcadas por el Grupo Parlamentario Socialista”.

“Esas comunicaciones imputadas son sin duda relatos manipulados y falsos creados para su exoneración personal y para romper la paz social y la convivencia, creando el ambiente propicio para una operación de mayor calado”

“Nos resulta verdaderamente extraño que los tránsfugas, que eran vicepresidente y vicesecretaria de Mayores adscrita en la Gestora de Vox en Ceuta y por lo tanto formando parte de los grupos de Whatsapp creados para la coordinación del partido pudieran decir con un mínimo de credibilidad que no tenían conocimiento de comunicaciones internas en ellos”, ha remarcado Redondo, que ve en ello la “prueba” de que “esta es una operación orquestada” y de que “esas comunicaciones imputadas son sin duda relatos manipulados y falsos creados para su exoneración personal y para romper la paz social y la convivencia, creando el ambiente propicio para una operación de mayor calado”.

Según Redondo “las verdaderas razones” de Rodríguez y Vázquez están “estrechamente ligadas” a sus “intereses y ambiciones personales”. En el primer caso, por ser candidato al Senado el 10 de noviembre. En el segundo, por su interés para que un diputado de la Asamblea concurriese al Congreso “con la idea de ocupar ese puesto”, por llegar a una Vicepresidencia de la Cámara regional o por que “un familiar” fuese contratado como asesor del Grupo.

“Tras la proclamación de las candidaturas al 10-N la relación se fue deteriorando progresivamente y en el inicio de esa campaña empezamos a tener conocimiento de sus reuniones con diversos Grupos Parlamentarios de la Asamblea, lo que obligó a tomar precauciones sobre datos e informaciones sensibles para evitar filtraciones”, ha argumentado.

No obstante, para Vox Ceuta la actitud de Rodríguez y Vázquez “sin pudor ni reparo a la hora de poner en peligro hasta la integridad física de sus antiguos compañeros y de sus familias” es todavía más “grave” porque “no les ha importado en absoluto poner en riesgo la paz social y la propia convivencia de todos los ceutíes sin importar su afiliación o ideas políticas con el único objetivo de salir indemnes de su operación de transfuguismo, que según hemos sabido por fuentes directas o indirectas tenemos la certeza de que podría ser un verdadero Golpe de Estado en la Ciudad orquestado desde entornos políticos, económicos y mediáticos en un verdadero interés por derribar al Gobierno local desestabilizando al partido que ha garantizado la estabilidad presupuestaria”.

Según Redondo, Rodríguez quiso ser candidato al Senado el 10 de noviembre y Vázquez concurrir al Congreso, así como llegar a una Vicepresidencia de la Cámara regional o que “un familiar” fuese contratado como asesor del Grupo.

Con el fin de “esclarecer todas las cuestiones atribuidas falsamente a Vox Ceuta y a sus representantes para desacreditarnos y manchar nuestra imagen”, la formación ha llevado al Juzgado de Guardia una denuncia contra Mohamed Ali y algunos asistentes al Pleno del 29 de enero por amenazas agravadas y atentado a la autoridad. También registrará otra “en breve”, ha adelantado Redondo, “por revelación de secretos y vulneración de los Derechos fundamentales” al secreto de las comunicaciones, al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

Por esta última solicitará penas de seis meses a dos años de cárcel e indemnizaciones por entre 30.000 y 50.000 euros para “todas aquellas personas físicas o jurídicas que directa o indirectamente hayan estado implicadas en la comisión de todos estos delitos o que hayan sido cooperadoras necesarias para el desarrollo de los mismos”.

Redondo, que ha comparecido junto a Verdejo y Ruiz, se ha negado a responder preguntas alegando que lo procedente es “no interferir en la acción de la Justicia” ni “seguir confundiendo a la opinión pública, como otros pretenden”.