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VOX lleva a la Justicia el nombramiento de Carreira

VOX lleva a la Justicia el nombramiento de Carreira
Emilio Carreira
Emilio Carreira./archivo
La formación sospecha que no ha recibido los méritos que acrediten a Carreira como idóneo para el puesto de director general de Comunicación porque no existen y por eso la reclamarán en los Juzgados

VOX Ceuta ha decidido poner ante la Justicia el nombramiento como director general de Comunicación de Emilio Carreira. La formación ha anunciado este paso el miércoles. Lo hará para que sea un juez el que decida si el elegido reúne los requisitos legales para ocupar el cargo o si, por el contrario, es fraudulento. Aunque la formación parece no tomar partido por una opción o la otra, se deduce de su paso y de las sospechas que expresa que están más en no creer que Carreira sea idóneo para el cargo.

Y es que entre otros objetivos la formación persigue recabar documentación sobre la creación de la Dirección General de Comunicación dado que en la que solicitó el pasado 3 de marzo al Gobierno y ha recibido aprecia lagunas: “está incompleta. Un hecho que despierta las sospechas”, recoge su comunicado de prensa.

Hasta este mismo miércoles han venido reclamando información dado que “la mayoría de los expedientes remitidos estaban incompletos o sin la documentación que se solicitaba y que justificase los nombramientos”, apunta el partido de Redondo y Verdejo.

No se trata sólo del nombramiento de Emilio Carreira en la Dirección General de Comunicación, sino de la totalidad de las direcciones generales que el Gobierno ha actualizado y renovado en el último mes. Pero el de Carreira considera VOX es el caso “más flagrante”. Su expediente, afirma VOX, “carece de todo tipo de documentación que acredite su capacidad, cualificación profesional y académica, mérito o idoneidad para el desempeño del puesto”.

Entre esa documentación reclaman el título de licenciatura o grado universitario, la certificación de su condición de funcionario A1, o los méritos profesionales, que no políticos, que acrediten su capacidad para el puesto, creado y presupuestado con un sueldo que sale de las arcas públicas y que VOX ha cifrado en 4.887,51 euros mensuales, unos 70.000 euros al año.

“Ante la negativa por parte de la Consejería de Economía, Hacienda, Función Pública y Empleo, dirigida por Kissy Chandiramani, a entregar esta documentación, el Grupo Parlamentario VOX irá a la vía judicial para reclamar una documentación que, al parecer y por la actitud mostrada, no existe en el expediente al no haber sido facilitada”, concluye el partido.

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