“La protección de la propiedad y la intimidad en el hogar resultan imprescindibles. Por ello, se debe endurecer la ley contra la”, reivindica Vox sumándose al miedo a la ocupación de viviendas, un temor que alimentan las empresas de alarmas y seguridad privada. Para atajar un problema que muchos ponen en duda que sea tan habitual como dicen los medios, la formación ultra propone doce iniciativas al Congreso de los Diputados, así como dos recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Supremo.

La formación asegura, como siempre sin decir de dónde saca los datos que maneja,  que desde la llegada a la Moncloa del PSOE en coalición con Unidas Podemos, el porcentaje de ocupaciones se ha disparado un 41%. Una cifra que, insiste, no habría sido posible alcanzar sin la colaboración del anterior Ejecutivo -presidido por el Partido Popular-, que en 2015, con mayoría absoluta en el Congreso, modificó el código penal para que la ocupación ilegal pasara de ser delito grave a delito leve. Extremo que no es cierto tampoco, al menos no directamente: la reforma del Código Penal de 2015 afectó indirectamente a los delitos de okupación pacífica, restándoles gravedad y creando la figura de delito leve que hasta entonces no existía. En 2015, el ministro de Justicia en ese momento, Rafael Catalá, impulsó una reforma del Código Penal con el objetivo de suprimir las “faltas”, infracciones leves que instruían los jueces, con el objetivo de “desatascar la Justicia”. Muchas de estas faltas fueron despenalizadas y se convirtieron en sanciones administrativas. Otras se reconvirtieron en una nueva figura penal que antes no existía: el “delito leve”, según detalla la web de verificación Newtral.

Sin asomo de rubor, la formación ultraderechista acusa al Ejecutivo de coalición de “facilitar el camino a los criminales antisistema, que son sus potenciales votantes, a través de un real decreto que impide los desahucios de ocupas que han entrado en una vivienda cometiendo un delito de allanamiento y usurpación”. 

Desde Vox también se ocupan de seguir propagando bulos como la imposibilidad legal de desalojar a unos okupas si pasan 48 horas. Algo que no es cierto, según explicaba el juez de instrucción Diego Álvarez esta semana a ‘Espejo Público’ de A3 y Cuatro al Día’ de la cadena del mismo nombre: “Las herramientas legales que tenemos son correctas y funcionan perfectamente. El problema es que hay un porcentaje muy grande de ocupaciones que no son delictivas y entonces no podemos actuar; muchas veces son los propios propietarios quienes no ponen los mecanismos oportunos para proteger sus derechos o los abandonan”, ha explicado, insistiendo en que la menor solución es acudir a la vía jurídica.

Pero, pese a ello, en el Senado, Vox reprochó a la ministra de Justicia, Pilar Llop, hace unos meses que “los ocupas, con la ley en la mano, tiene las de ganar”, mientras que los propietarios, se encuentran «en la calle y pagando». “La Policía tampoco puede actuar porque ustedes se han encargado modificar la ley”. Llop, por su parte, negaba que en España hubiera un conflicto con la ocupación de propiedades.

Entre las iniciativas que la formación ha llevado al Congreso para terminar con la problemática de la ocupación, se encuentran endurecer Código Penal en delitos de usurpación de inmuebles; ofrecer mejores herramientas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ampliar protección de los legítimos titulares de derechos reales. También ha llevado al Congreso una Proposición de Ley para introducir los delitos de usurpación de inmuebles dentro de los recogidos en el artículo 795 de la Ley Enjuiciamiento Criminal; una moción para que la Policía pueda proteger a los españoles de los asaltos a sus propiedades.

“Ley, orden y vivienda social”

La formación volvía al Tribunal Constitucional del febrero de 2021, con el objeto de frenar el el ‘Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de  los consumidores y usuarios’ del ministro de Consumo Alberto Garzón, que “legaliza, de facto, la ocupación delictiva de viviendas” (al permitir que se suspenda judicialmente el desahucio de una vivienda a la que se ha accedido mediante delito) y que, por tanto,

“constriñe ilegalmente los derechos y facultades del propietario”.

VOX también ha aportado soluciones con el objetivo de garantizar una vivienda a todos los españoles, y ha ofrecido “ley, orden y vivienda social”. De ahí parten las iniciativas presentadas en el Congreso para impulsar el sector de la vivienda, con propuestas como flexibilizar las normas urbanísticas y reducir plazos. Y es que, en España faltan dos millones de viviendas de alquiler social para situarnos en la media de la Unión Europea. «Son dos millones de familias a las que el estado debería estar dando una solución», advertía en febrero de 2021 la diputada Cristina Esteban, quien denunciaba que el Ejecutivo trasladaba la problemática a los españoles.