El Grupo VOX en la Asamblea de Ceuta defenderá este martes una propuesta en la que instará al Gobierno a iniciar los trámites oportunos para suprimir la aplicación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbano, también conocido como impuesto de plusvalía municipal. El partido político considera que el impuesto “ha supuesto una de las muestras más evidentes del latrocinio al que los poderes públicos han sometido a sus ciudadanos”.

La formación encaja la propuesta dentro de su conocida como Agenda España y la medida que defiende en Ceuta la sostiene para el resto de ayuntamientos de todo el territorio nacional. “Cabe recordar que el conocido como 'Impuesto de plusvalía municipal' tiene un carácter potestativo que permite su no exigencia por parte de las administraciones locales y que, teniendo en cuenta que está pendiente de una modificación de la ordenanza reguladora del impuesto, estamos ante una oportunidad única que puede ser utilizada para ahorrar trámites burocráticos”, defiende VOX en un comunicado remitido a los medios este domingo para explicar su propuesta.

Considera el grupo político que la supresión del impuesto en Ceuta “supondrá un mayor ahorro a las familias ceutíes, así como un alivio a sus castigadas finanzas, las cuales todavía padecen los efectos de la pandemia”.

Ese ahorro a las familias que supondría la supresión del impuesto es a su vez una pérdida de recaudación por parte de la Ciudad Autónoma. En concreto, en el presupuesto de 2021, según explicó recientemente la responsable de la Hacienda local, Kissy Chandiramani, en una entrevista en RTVCE, estaba estimada una recaudación por este impuesto de 700.000 euros. Una cantidad que abonarían a las arcas públicas tan sólo quienes hayan vendido una vivienda que haya visto incrementado su valor. Es decir, que el ahorro sólo existiría para quienes vendan un piso. 

Además el impuesto en Ceuta, como la práctica totalidad de las cargas impositivas está bonificado en un 50 por ciento, y más allá de la adaptación del impuesto al que ha obligado la jurisprudencia dictada este mismo 2021 por el Tribunal Constitucional, de forma aproximada para viviendas que se hayan vendido después de 10 años y hayan visto incrementado su valor entre 30.000 y 50.000 euros, la cantidad a pagar por este impuesto oscilaría de forma aproximada entre los 1.100 y los 1.600 euros.