Vox solicitaba el pasado jueves a la Ciudad Autónoma el convenio que, según el PSOE, se ha firmado entre la Autoridad Portuaria y la administración local para la cesión de una parcela del puerto en la que habilitar unas nuevas instalaciones para el servicio de limpieza pública, cuya adjudicataria es Trace. Estas sustituirían a las que la empresa tiene actualmente en Benzú y cuyas condiciones han sido denuncias de manera reiterada por los trabajadores desde hace varios años., Denuncias a las que se ha sumado recientemente Vox a través de su sindicato Solidaridad, que trata de hacerse un hueco en la empresa, donde cuenta con un solo representante. 

“La negativa de Fomento a entregar la documentación del ‘supuesto’ convenio suscrito entre la Autoridad Portuaria y la Ciudad deja en evidencia la inexistencia de cualquier tipo de documentación”, asegura el presidente de Vox Ceuta, Juan Sergio Redondo. Para Redondo está claro que el convenio y la cesión “no existe”. Por ello, asegura que todo este asunto “puede encuadrarse en una de las tantas mentiras utilizadas por el portavoz del grupo socialista y presidente del Comité de Empresa de Trace, Juan Gutiérrez, para generar confusión entre el colectivo de trabajadores del servicio de limpieza y recogida de basuras que demanda desesperadamente unas instalaciones decentes como centro de trabajo”.

"La Consejería de Fomento niega la información a VoxX y no ha trasladado el presunto convenio del que hace apenas unos días hablaba el secretario general del PSOE, Juan Gutiérrez, en prensa. Declaraciones que llegaban después de que la formación ultra informara de cómo el Gobierno central había asegurado, a preguntas de la senadora Yolanda Merelo, que la Autoridad Portuaria no había solicitado la cesión de ningún terreno a la empresa Trace, ya que, como ha explicado posteriormente el PSOE no es a la empresa adjudicataria a quien se ceden los terrenos sino a la Ciudad.

No obstante, a día de hoy, el Gobierno de la Ciudad no ha trasladado la copia del expediente a VoxX, incumpliendo los plazos establecidos en el propio Reglamento de la Asamblea, aseguran, que recoge que los diputados tienen derecho a recibir directamente de los servicios administrativos la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus tareas. También que dichos servicios “tienen la obligación de facilitárselas” y que el diputado “debe comunicar por escrito y con una antelación mínima de 24 horas el asunto sujeto a consulta”, como así hizo Vox.