La oficina de protección internacional de Melilla ha recibido desde su apertura 864 solicitudes de migrantes, la oficina de asilo de Ceuta en cambio sigue sin estrenar, pero no porque España lo impida, sino porque Marruecos “no los deja”, se ha excusado en el Congreso de los Diputados el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, a preguntas de la diputada de Podemos Ion Belarra.

“El que quiera puede solicitarlo, solo tiene que pedirlo”, insistía el ministro del Interior, lavándose las manos, la culpa es de Marruecos acusando a la diputada de Podemos de usar la demagogia, “¿a quién no le da pena?”, se preguntaba Zoido recomendando “distinguir” de quien entra en España de forma irregular, de modo “incluso violento” y quien lo hace de forma regular y pide asilo en la correspondiente oficina de protección internacional. Aunque, como en Ceuta, no sea posible porque se encargan las autoridades marroquíes de impedir el acceso de migrantes subsaharianos al puente fronterizo que separa a España y Marruecos.

Una excusa que ha obviado en su comparecencia ante el Senado donde ha respondido a la misma cuestión, remitiéndose a la respuesta: “Solo tienen que ponerse en el puente fronterizo y pedir asilo”, una afirmación que pocas horas antes había puesto en entredicho al admitir en el Congreso que quien se encarga de impedir el acceso de los subsaharianos al derecho de asilo es Marruecos. Palabra de ministro.

Devoluciones en caliente

Zoido rehusó comentar la sentencia reciente del Tribunal de derechos Humanos de Estrasburgo por el que condena a España por “expulsiones colectivas” sumarias, sin respetar la tutela judicial efectiva. Una actitud que supone negar el derecho a asistencia letrada, el derecho a recurso, ni tan siquiera derecho a un intérprete, lo que, “de facto”, recordó Belarra, es impedir la solicitud de derecho a asilo, es impedir que se denuncie ser víctima de trata de seres humanos, se impide incluso que esa persona alegue que es menor de edad. Una dura sentencia, que el Gobierno ha acogido “poniéndose chulo”, lamento la diputada de UP: “Un Gobierno digno agacha la cabeza cuando el Tribunal de derechos Humanos le pone una sentencia así, un gobierno digno no se pone chulo”.

El ministro explicó que la sentencia no es firme y cabe recurso en un plazo de tres meses. Plazo que aprovecharán para reflexionar y, de pasado, “compartirlo” con los socios europeos, porque, según Zoido, Bruselas avala el rechazo en frontera o devoluciones en caliente, “compatible con la Directiva Europea de Retorno”.

“Es su Ley de la patada en la puerta”

La senadora socialista María Olivia Delgado le reprochó que su Gobierno “haya abandonado la civilización, acercándonos a la barbarie” por lo que rogó al ministro que “no presente recurso” y renuncie a las devoluciones en caliente y a la Ley Mordaza que las ampara, “su Ley de la patada en la puerta, y se lo dice una socialista”, afirmó en alusión al ex ministro de Interior socialista José Luis Corcuera.

Por su parte, la senadora de En Comú Unidos Podemos en Marea, Miren Gorrotxategi, apuntó que, según la oficina del refugiado de Naciones Unidas, ACNUR, se calcula que el 90 por ciento de los migrantes son potenciales solicitantes de protección internacional, pero el Gobierno los devuelve a porrazos. “Al Gobierno se le va la mano con la proporcionalidad con su respuesta a los derechos”, ironizó la senadora recordando una cita de la Declaración de los Derechos de los Ciudadanos francesa de 1879: “Un Estado que no tiene separación de poderes y no respeta los derechos humanos no tiene Constitución”.