El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Ceuta, Emilio Carreira, ha ordenado mediante la publicación del correspondiente Decreto este martes en el BOCCE la apertura de sendos plazos de 30 días hábiles de información pública y de consulta a Administraciones, personas e instituciones sobre el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa 'Biocarburantes del Estrecho' sobre su proyecto para poner en marcha una planta de biodiésel en la ampliación del Puerto.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta ordenó en 2013 en sentencia confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al año siguiente continuar con la tramitación de ese documento para un proyecto al que el Ministerio de Economía destinó una subvención de casi siete millones de euros en 2009.

En 2010, dos informes técnicos "suscritos por cualificados funcionarios de la Ciudad Autónoma adscritos a las Consejerías de Sanidad y Consumo; Medio Ambiente y Servicios Urbanos y la de Fomento" se pronunciaron en contra de la iniciativa por su cercanía de la actividad a las viviendas de la Junta Obras del Puerto, el Colegio Ortega y Gasset y otros establecimientos y dependencias. El metanol que se preveía utilizar en el proceso de producción es según los dictámenes una sustancia "altamente inflamable, tóxica y, por tanto, nociva para la salud de las personas".

Con fecha de 8 de febrero de 2011, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta adoptó el acuerdo siguiente: "Desestimar la solicitud de la sociedad 'Biocarburantes del Estrecho' para la construcción y explotación de una planta de biodiesel en los terrenos de ampliación del Puerto de Ceuta".

Sintiéndose "maltratada", la mercantil emprendió una batalla judicial que, el año pasado volvió a ser resuelto con una dura reprimenda del TSJA a la Autoridad Portuaria: "No se puede escudar en lo que haya hecho otra administración mal, si se constata que se han anulado las autorizaciones ambientales indebidamente tramitadas y así lo han declarado por dos veces sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Ceuta y el propio perito judicial nombrado por esta Sala así lo ha establecido".

"Tampoco se puede sostener que el informe medioambiental sea preceptivo e "indispensable" para el otorgamiento de la concesión pues no resulta de los términos de la ley aplicable ni del sentido común que la propiedad administración portuaria aplicó al solicitar la evaluación del impacto ambiental", hilvanó el Tribunal, que entre otras cosas no encontró explicación lógica a "cómo se convoca un concurso de adjudicación del demanio portuario cuando existen unos problemas ambientales de distancia con el núcleo urbano que resultaban manifiestos desde el mismo momento de su iniciación".

Más allá, apreció "tal cúmulo de irregularidades" y concluyó que "no cabe la menor duda de que si alguien ha dilatado el procedimiento esa es la Administración Portuaria", por lo que estimó el recurso de la empresa que señalaba que "el hecho de haber sido seleccionada en el concurso implica la adjudicación de la concesión y que el proyecto no estaba sujeto a Autorización Ambiental Integrada sino a Evaluación de Impacto Ambiental".

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