SESIÓN DE CONTROL

La Ciudad alega que Delegación prohíbe por seguridad una rampa de acceso al mar para pequeñas embarcaciones

La Ciudad alega que Delegación prohíbe por seguridad una rampa de acceso al mar para pequeñas embarcaciones
Guardia Civil Puerto Deportivo
Guardia Civil Puerto Deportivo
La Guardia Civil alega que una rapa de acceso libre al mar dificultaría la vigilancia y el control de la inmigración irregular, por lo que ha desechado cualquier opción fuera del Puerto deportivo.

El consejero de Servicios Urbanos y Medio Ambiente, Yamal Dris, ha explicado, en respuesta a interpelación de MDyC, que la razón por la que no se ha podido construir una nueva rampa pública de acceso al mar para pequeñas embarcaciones, fuera del puerto deportivo, donde ya no quedan plazas libres, está en la negativa tajante de Delegación de Gobierno, basada en informes de la Guardia Civil, que alega motivos de seguridad, al no poder controlar las entradas y salidas debidamente. 

Dris asegura que han puesto “todos los medios de seguridad a su alcance”. La Ciudad, ha explicado Dris, ha ofrecido varias ubicaciones, desde el puerto pesquero a la las playas del Chorrillo o La Ribera incluso Calamocarro, encontrando siempre la misma respuesta negativa por. La misma araron: motivos de seguridad. 

La última opción fue una rampa portátil en la playa de San Amaro, cuyo proyecto ha enseñado al Pleno, utilizando para ello un sistema de acceso controlado con tarjetas electrónicas con registro de quien entra y sale y con vigilancia y cámaras de seguridad. Pero tampoco, ha alegado el consejero de Servicios Urbanos. La Guardia Civil se opone al suponer una nueva posibilidad para la entrada de inmigrantes. “Estoy luchando por que haya una rampa para que la puedan usar todos los ciudadanos que quieran, no estoy escurriendo el bulto ni culpando a nadie. Es la realidad. Si no me dan un permiso para realizar una obra no puedo realizarla”.

“Este problema hay que solucionarlo, o es que no se va existir ninguna rampa pública”, se escandalizaba la portavoz de MDyC, que lamenta que se “criminalice” a todos aquellos que tienen una embarcación o una moto acuática.

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