La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no solo no ve bastante justificada la posibilidad de imponer rotaciones 'low cost' a las navieras que operan entre Ceuta y Algeciras, idea con la que lleva años coqueteando el Gobierno de Vivas, que incluso pidió un informe jurídico externo sobre esa posibilidad, sino que tampoco ve del todo justificado seguir pagando casi 2 millones de euros al año a Baleària en concepto de un contrato de servicio público que, desde su punto de vista, a la hora de la verdad no sirve para mucho.

Así, ve “aconsejable” que el Ministerio de Fomento se “replantee” la necesidad de seguir licitando un contrato de servicio público para el transporte marítimo en la ruta entre Ceuta y Algeciras “adicionalmente a la exigencia de obligaciones de servicio público” a la vista de que “no existe acreditación” de si la compensación que recibe su actual adjudicataria, Baleària, “se ajusta a cubrir sus costes y un beneficio razonable” e incluso podría vulnerar “las exigencias de la normativa de ayudas de Estado” de la UE.

“Salvo que existan otras razones por las que sea preciso imponer la existencia de un contrato como, por ejemplo, ciertas características del buque necesarias para garantizar la travesía que deberían justificarse adecuadamente, cabría replantear la continuidad del mismo”, resume.

En su ‘Informe relativo al análisis de las obligaciones de servicio público para el transporte marítimo de pasajeros y vehículos en la línea Ceuta-Algeciras’, emitido a petición del Gobierno de Ceuta para evaluar la posibilidad de imponer a cada naviera la realización de una rotación diaria a precios reducidos como obligación de servicio público, la CNMC alerta de que “en la actualidad la oferta de servicios de los operadores supera ampliamente la exigida en las obligaciones de servicio público y arroja algunas dudas sobre la necesidad del contrato, lo cual debería llevar a reevaluar las medidas regulatorias actualmente vigentes”.

“La propuesta de la Ciudad Autónoma debería partir de un análisis más profundo de su impacto previsto sobre las diferentes tipologías de pasajeros que se verían afectados y sobre las empresas que operan la ruta y de un mejor diagnóstico de la situación actual, así como prever que la intervención puede tener efectos indeseados”, cuestiona la CNMC en su dictamen, a cuyo contenido ha tenido acceso Ceutaldia.com.

Además, alerta de que “un somero análisis” del funcionamiento del contrato de servicio público en la línea Ceuta-Algeciras desde 2006 revela “algunas cuestiones que ponen en duda si el diseño de la licitación ha sido el más adecuado” al apreciarse que desde 2011 la única licitadora ha sido Baleària (ahora lo tiene prorrogado hasta junio de 2019 a cambio de 1,9 millones de euros al año) con exigencias como “un buque con una capacidad alta (750 viajeros y 100 vehículos)” cuando “se ha constatado que solo se llena un 20% de media”.

También se le exige que pueda navegar en condiciones meteorológicas adversas como los recurrentes temporales de Levante que azotan el área del Estrecho y que pernocte en la ciudad.

Más aún, para la Comisión "suscita dudas que los criterios de adjudicación del contrato estén bien planteados: es cuestionable que solo se atribuyan 6 sobre 100 puntos a la rebaja en las tarifas máximas propuestas en el PPT, cuando precisamente esta cuestión (precio) es lo que más preocupa a las autoridades ceutíes" avisa recelosa, por ejemplo, de que se aplicasen procedimientos de urgencia poco incentivadores de la competencia para resolver una licitación muy distinta a la de Melilla, adjudicada sin coste para el Estado.

En la línea Ceuta-Algeciras operan durante todo el año cuatro buques de tres compañías distintas (Baleària, FRS y Trasmediterránea) cuya actividad conjunta es “significativamente superior” a la mínima exigida por la obligación de servicio público, ya que “conjuntamente realizan más de 19 rotaciones diarias frente a las 3 exigidas por operador”.

Además, la CNMC destaca que “existe capacidad excedentaria” porque “los buques raramente alcanzan un nivel de utilización del 100%”. La ocupación oscila entre el 20-22% en plazas de viajeros y entre el 24-29% en vehículos.

"La intervención debe reservarse a las situaciones en las que el mercado no alcance por sí solo la situación deseada en términos del interés general por la existencia de un fallo de mercado. Para poder intervenir de forma adecuada y, en particular, para poder valorar adecuadamente la propuesta de la Ciudad Autónoma", despacha, "es indispensable disponer de los datos precisos para valorar cuáles son las necesidades reales que es preciso cubrir con la intervención pública, a la luz del interés y capacidad de la iniciativa privada para ofrecer el servicio en las condiciones exigibles".