Por ese motivo, el Ejecutivo comunitario ha emitido hoy un dictamen motivado contra España, último paso antes de denunciar a un país ante el Tribunal de Justicia de la UE. Según Bruselas, "la legislación española prevé asimismo que los derechos recaudados por el tráfico entre un puerto español y un puerto de un tercer país no pueden ser objeto de bonificación alguna, por lo que son superiores a los recaudados por el tráfico entre los puertos españoles y los comunitarios". Esa situación, considera la CE, es discriminatoria y viola el Reglamento que reconoce el principio de libre prestación de servicios al transporte marítimo entre Estados miembros y la UE y terceros países.

Para Bruselas, "tales discriminaciones sólo pueden estar justificadas por razones imperiosas de interés general". Aunque España ha alegado como justificación la cohesión territorial, "no ha presentado pruebas suficientes (...) para demostrar el carácter necesario y proporcionado de las medidas de bonificación, sobre todo teniendo en cuenta las compensaciones que ya se aplican en favor de las zonas en cuestión para cumplir las obligaciones de servicio público".