Siete meses después de que, todavía con Rafael Rodríguez al mando, el Consejo de Administración del Puerto aprobase vaciar y echar abajo los chalés del Muelle España, la "pregunta del millón", según Juan Manuel Doncel, de cuál será su futuro definitivo no tiene una respuesta clara. El nuevo titular de la Autoridad Portuaria ha argumentado este jueves que es partidario de una solución "consensuada" que se alcance "sin prisa pero sin pausa" y que  no incluya intervenir "como elefante en una cacharrería".

"Quiero trasladar unas palabras de tranquilidad y de acción: cuando llegué a la Presidencia de la Autoridad Portuaria me encontré este tema, delicado y complejo, al que había que dar solución y la va a tener, lo más consensuada posible con todos los implicados", ha aseverado.

A continuación, Doncel ha indicado que "tenemos dos informes de Puertos y de la Abogacía del Estado porque debemos actuar bajo el amparo de la norma y dando todas las garantías a los moradores de esas viviendas sin dejar de reconocer que estos tienen título legítimo como trabajadores de la Autoridad Portuaria, pero también que la legislación exige una tasación y una actualización de las rentas y los servicios". El presidente también ha reconocido que en los chalés viven personas "que ya no tienen ninguna relación contractual laboral" con el Puerto.

"Habrá que marcar una hoja de ruta siendo respetuosos con quienes habitan, sin prisa pero sin pausa, respondiendo ante el Consejo de Administración en busca de una actuación consensuada y dialogada amparada en Derecho para normalizar la situación", ha resumido. Lo que el Consejo de Administración aprobó el 4 de diciembre fue demoler las viviendas y ceder el suelo, unos 18.000 metros cuadrados, a la Ciudad.

Normativa de 1948

El uso de los chalés viene regulado por el Reglamento para Uso y Arriendo de las Viviendas de Empleados aprobado por la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas en el año 1948.  En ese texto se reservaba el uso de estas viviendas “a los empleados de la Autoridad Portuaria” y se establece como criterios de adjudicación “la categoría profesional” (ahora el nuevo presidente, por ejemplo, no ha tenido acceso a ninguno) y a igualdad de ésta, “el número de miembros de la unidad familiar”.

La normativa establece que “dentro del orden jerárquico correspondiente a las categorías”, criterio fundamental para establecer “el orden de prelación” a la hora de entrar a las casas, tendría derecho preferente “en caso de tratarse de empleados de la misma categoría” aquel  “con la familia más numerosa”.

Entre los actuales residentes los hay con un régimen “asimilado al de pago de renta antigua” y con “el régimen de retribución en especie de conformidad con las instrucciones recibidas de Puertos del Estado”. Por un lado están las viviendas cuyo uso se adjudicó por la Junta de Obras del Puerto con anterioridad a la Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante que tienen un régimen “asimilado al de pago de renta antigua” y por otro están las adjudicadas con posterioridad a la entrada en vigor de dicha norma por la actual Autoridad Portuaria de Ceuta, que tienen “el régimen de retribución en especie de conformidad con las instrucciones recibidas de Puertos del Estado”.