Vivas aboga por imponer tarifas máximas en el Estrecho para que deje de ser “fácil abusar” del ceutí


Vivas aboga por imponer tarifas máximas en el Estrecho para que deje de ser “fácil abusar” del ceutí

- El Gobierno insiste en que no se va a doblegar ante las navieras y que va a seguir buscando la manera de intervenir en un mercado que cree no compite en precios

- El Ejeuctivo ha instado incluso a Baleària a revisar las cifras y los cálculos realizados desde la Ciudad Autónoma y que arrojan "un margen suficiente para reducir de manera notable los precios"

El Gobierno de la Ciudad aboga ahora por poner coto a los desmanes en el tráfico marítimo del Estrecho por la vía de la tarifa máxima de referencia. Una maniobra intervencionista que Vivas es capaz de conjugar con otras políticas de externalización de servicios públicos sin pestañear. En el último mes el Ejecutivo de Vivas ha estado barajando diversas opciones para tratar de mejorar la situación en el transporte marítimo y concretamente en los precios del servicio, primero sugirió que estudiaba la participación pública en una nueva compañía, después desechó la posibilidad de hacerlo en exclusiva, más tarde desterró por completo la opción hasta de entrar en una con capital mixto o incluso buscar la creación de una con participación de varias administraciones; y ahora se insiste en abogar por fijar unas tarifas máximas de referencia que obligarían a los operadores a respetar un precio máximo. Todo mientras, este domingo, sale al paso de declaraciones de Baleària al tiempo que tiene cerrada con la compañía la prueba piloto del 'cheque-regalo' para Semana Santa que ahora por cierto, tampoco se llama 'cheque-regalo'.

La nueva vía llega en forma de respuesta a lo dicho por el presidente de Baleària al decano de la prensa en papel de la ciudad e incluye sonoros desmentidos de lo que se ha ido filtrando desde el entorno del Gobierno a los medios en las últimas semanas. Así, El Ejecutivo niega ahora que dijera en “ningún momento que la Comisión Nacional de la Competencia sugiriera la implantación de una naviera participada total o parcialmente por la Administración Pública, pero sí que este organismo ha manifestado de manera reiterada la conveniencia de favorecer y fomentar la competencia en el servicio como mecanismo para lograr precios razonables”, recoge el comunicado del Gobierno.

Y es que esa situación “insostenible” a la que ha aludido el Ejecutivo de forma reiterada en este 2016, se resume en una frase del comunicado remitido este domingo: “Existe una demanda cautiva, que es la de los residentes en Ceuta, y que no tiene otra alternativa para viajar que la de utilizar el barco, demanda de la que es fácil abusar”.

Las navieras abusan con facilidad de los residentes, según el Ejecutivo, y aunque el problema no es nuevo y pervive desde hace al menos 15 años (los que lleva Vivas gobernando) al presidente se le ve más resuelto que nunca a poner pie en pared y usar todos los mecanismos a disposición de la administración para tratar de rebajar los precios de una vez por todas.

“El Gobierno de la Ciudad no se va a resignar y seguirá empeñado en buscar fórmulas para abaratar los precios de un servicio que es esencial para Ceuta y los ceutíes. Y en aras a este objetivo se viene trabajando desde hace tiempo en el análisis de distintas alternativas y opciones que, en breve, serán puestas de manifiesto a todos los grupos con representación en la Asamblea en la Comisión Informativa, que al efecto ha sido anunciada recientemente por el presidente de la Ciudad, opciones que se espera cuenten con el respaldo de todos los grupos. Entre estas alternativas figura la de propiciar una mayor regulación del servicio mediante el establecimiento de tarifas máximas de referencia, tal y como ocurre en el tráfico interinsular entre otros territorios españoles y con la Península”, recoge en el comunicado, justo al final, a modo de aviso a las navieras.

Al Ejecutivo parecen haberle disgustado las palabras del presidente de Baleària por el tono de solemnidad del comunicado remitido a los medios, pero aún así deja abierta la puerta a la negociación y dice “estar dispuesto, por si sus cálculos son erróneos, a contrastar los mismos con los de las navieras para conocer de manera transparente cuáles son los ingresos y gastos que soportan la cobertura del servicio”.

Poco menos que un imposible, dado que ese, los márgenes operacionales de las navieras es uno de los secretos mejor guardados y eran año tras año motivo de tirón de orejas por parte del difundo Consejo Económico y Social, que no logró ni acercarse a conocer los entresijos del negocio naviero en el Estrecho, a pesar de intentarlo.

Y es que el Gobierno cree tras realizar sus propios cálculos y analizar los datos disponibles que “existe margen suficiente para reducir de manera notable los precios sin que ello afecte al equilibrio económico de las empresas operadoras o que tengan que reducirse las tasas portuarias”. Esta es otra de las variables puestas encima de la mesa esta misma semana, variable sobre la que el Gobierno de Vivas dice no tener margen operacional, a pesar de que al presidente de la Autoridad Portuaria lo designa la Ciudad Autónoma.

Lo que quiere evitar el Ejecutivo ahora parece ser un nuevo esfuerzo de las arcas públicas, que, en su opinión, “ya hacen un esfuerzo más que notable”. 16 millones de euros al año en bonificaciones a los residentes de Ceuta y 2 millones más a Baleària por el contrato de servicio público.

Así las cosas, el Ejecutivo se ratifica en que “no existe competencia en la línea del Estrecho, o que no se ejerce de manera efectiva”. La prueba del algodón es para el Ejecutivo que “los precios de las tres operadoras son prácticamente iguales a pesar de que los niveles de ocupación son manifiestamente bajos. Es decir, no se compite en precios a pese a que los barcos en un buen número de ocasiones vienen casi vacíos”.

Obvia el Gobierno que las propias compañías han manifestado en alguna ocasión su interés en que la regulación en la línea pase por fijar no sólo un precio máximo a la operador del contrato de línea de interés sino en provocar un descenso de las rotaciones en temporada baja, que les permita aligerar costes sin dejar por ello de competir. Algo que ya estuvo sobre la mesa en la penúltima revisión del pliego del Contrato de Servicio Pública y que finalmente se desecho. Aunque parece difícil de explicar, la idea es que nadie quiere renunciar a cubrir horarios días que saben que irán vacíos por el convencimiento de que eso repercutiría en los días punta, que sí hay negocio, de forma negativa.

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