El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por UPyD contra los nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La formación de Rosa Díez impugnó ante el Supremo la elección pactada por PP, PSOE, IU, CiU y PNV al considerar, en palabras de la portavoz, que los partidos se repartieron los puestos "con obscenidad y alevosía".

En una diligencia de la Sala tercera de lo contencioso-administrativo, el alto tribunal solicita, en la primera diligencia, reclamar en el plazo de 20 días al órgano de gobierno de los jueces "el expediente administrativo correspondiente", esto es, los decretos de nombramientos de los 20 vocales que a su vez el pasado diciembre eligieron a Carlos Lesmes, también presidente del Supremo, para el primer sillón de la judicatura. 

UPyD considera que "el sistema de nombramiento del CGPJ debilita la democracia, destruye la separación de poderes, contraviene el espíritu de la Constitución y compromete la independencia y autonomía del poder judicial". 

La formación magenta denuncia en su escrito de interposición que "la forma en que las distintas fuerzas políticas se han repartido el recientemente nombrado Consejo General del Poder Judicial responde a un previo acuerdo fundado en un calculado reparto de cuotas partidista como el denunciado por el Tribunal Constitucional, que alcanza no solo a los veinte vocales del referido órgano de gobierno de los jueces sino también al nombramiento del presidente del CGPJ, acordado igualmente con carácter previo a la elección de los vocales, que en la práctica, y por más que se empeñen en negarlo, han actuado en dicha designación como meros delegados o comisionados de los partidos que los han promocionado.

UPyD cree, además, que el examen parlamentario de los candidatos fue "una farsa carente de contenido real, al eliminar cualquier posibilidad de acuerdo posterior tras la proclamación de la candidaturas", y así excluyó de ese debate a los cinco diputados de UPyD. "Se ha privado de facto al grupo parlamentario de cualquier posible intervención en el procedimiento, impidiendo de raíz la propia finalidad de la norma que", como indica el propio Tribunal Constitucional en una sentencia mencionada en la denuncia "no es otra que la de “asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial”.

El magistrado encargado de la ponencia del recurso será Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, exmiembro del Tribunal Constitucional, quien se opuso al Estatuto de Cataluña por "vulnerar límites esenciales establecidos en el proceso de descentralización de la Constitución" e "incurre en un vicio colosal de incompetencia que subvierte la división de poder entre el Estado y las comunidades autónomas".