La amnistía fiscal decidida por el Gobierno del PP contribuirá a regularizar en torno a 15.000 millones de euros de dinero negro procedente de los grandes pelotazos urbanísticos que se llevaron a cabo en la Comunidad de Madrid en la década 1997-2007.

Mientras los grandes delincuentes del suelo en Madrid limpian su dinero sucio, el estallido de la burbuja inmobiliaria que ellos generaron deja sin vivienda cada año a 10.000 familias madrileñas afectadas por expedientes de desahucio, y el desempleo en el sector de la construcción acumula más de 12.000 nuevos parados por mes.

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) ha cuantificado en torno al 23% del PIB (240.000 millones de euros) el volumen de la economía sumergida en nuestro país, coincidiendo en buena medida con los datos de la Comisión Europea (22%), el Banco Mundial (22,6%) y el Instituto de Estudios Fiscales (21%). Estos mismos estudios atribuyen a la especulación inmobiliaria y urbanística la generación de una media de 8.600 millones de euros por año en dinero opaco al fisco, de los que más de 1.500 millones corresponderían a la comunidad madrileña.

Los 15.000 millones escamoteados a la hacienda pública por los especuladores madrileños en estos años triplican prácticamente el presupuesto total del Ministerio de Fomento español para este año 2012 (5.843 millones), lo que ofrece una idea del inmenso fraude cometido en la región capital.

También pueden compararse con los 283 millones eliminados del presupuesto para aplicar la Ley de la Dependencia, o los 322 millones reducidos en las ayudas públicas para el acceso a la vivienda, o los 594 millones recortados en las ayudas al desarrollo en cooperación internacional, o los 1.537 millones rebajados en el capítulo de políticas activas de empleo…

Conforme a la norma aprobada por el Gobierno del PP, con un pago del 10% sobre el total del dinero ganado mediante la especulación de suelo y viviendas, los protagonistas de la edad dorada del pelotazo en Madrid se embolsarán impunemente cerca de 13.500 millones de euros. Y ello a pesar de haber provocado una de las crisis económicas, sociales y ambientales más graves del último siglo.

Estas cifras resultan aún más intolerables cuando se comparan con las empresas dedicadas a la construcción en Madrid que han tenido que cerrar durante los últimos cuatro años por el estallido de la burbuja, más de un millar; y con la evolución del desempleo en el sector, camino de los 200.000 parados; y con los desahucios ya mencionados: 9.460 familias en el año 2011, y más de 10.000 en el año 2012, según todas las previsiones.

El Partido Popular ha cerrado en Madrid el círculo de complicidades con el pelotazo urbanístico. Lo impulsaron, lo permitieron, lo protegieron, algunos se beneficiaron de él vía Gürtel, y ahora afloran su dinero sucio con una amnistía fiscal absolutamente inmoral.

Rafael Simancas es portavoz socialista en la Comisión de Fomento del Congreso