Casi sincronizados, el Consejo de Ministros y el Ministerio de Cultura daban a conocer ayer la noticia más esperada por unos, y temida por otros, durante los últimos meses. La remisión del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que incluye una disposición adicional que permitirá cerrar las páginas web que vulneren los derechos de propiedad intelectual. La interrogante era quién sería el reponsable de tomar esa decisión, que finalmente asumirá un juez de la Audiencia Nacional. Lo hará en el plazo de cuatro días. Un juez podrá bloquear el acceso en aquellas webs que se hayan negado previame...
