Ayer publicaba “El País” una interesante noticia sobre las quejas que los centros privados (no concertados) tienen respecto a la política de conciertos del gobierno de Esperanza Aguirre.

Una asociación de estos centros, en la Comunidad de Madrid, dice que el gobierno regional concierta centros que realmente no funcionan como centros concertados, ya que cobran unas ‘aportaciones voluntarias’ a los padres cercanas, e incluso superiores, a las mensualidades que cobran los centros privados. Excluyen expresamente de su queja a los centros regidos por instituciones religiosas.

Ello se une a que, dado que son centros concertados, pueden acceder a suelo público (barato) para construir sus colegios y a que la administración regional pague a los profesores y el mantenimiento de los centros (el concierto). La asociación de centros privados considera que esto es una competencia desleal ya que ellos sí tienen que pagar el terreno sobre el que se edifica, ellos sí tienen que pagar a sus profesores (poco, esto lo digo yo) y ellos también tienen que mantener sus instalaciones.

No se quejan de tener que pagar porque ellos sí se consideran una empresa que tiene que invertir para sacar beneficios, pero sí tienen razón al considerar que la Comunidad está subvencionando a otras empresas que únicamente, como ellos, pretenden sacar beneficios. Le recuerdan a la autoproclamada liberal Aguirre algo tan sencillo como que las empresas privadas deben financiarse privadamente.

El escándalo que es la concertada en Madrid parece que no es sólo cosa de izquierdistas obsesionados con la enseñanza pública, sino que también la comparten los empresarios del sector. Curioso ¿no?

Posted originally: 2010-10-09 18:10:34