El portavoz de Compromís, Enric Morera, ha denunciado este viernes el conflicto de intereses del consejero de Sanidad, Manuel Llombart, quien, como director del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), inició en octubre de 2012 un pleito con el departamento que ahora dirige.

Morera ha realizado estas manifestaciones tras conocer que el juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 6 de Valencia ha condenado a la Consejería de Sanidad a pagar al IVO unos 5,5 millones de euros por la atención a pacientes derivados por hospitales de gestión privada, así como por intereses de demora.

Para el portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, las concesionarias deben hacerse cargo de los tratamientos de los pacientes que remiten al IVO, pues de otro modo, "enviarían a todos los enfermos a este centro para ahorrar las empresas costes".

La sentencia, hecha pública hoy por Compromís, estima el recurso interpuesto por el IVO contra la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación del pago de 5,5 millones por servicios prestados y no pagados a pacientes provinientes de áreas de salud gestionadas por concesionarias privadas en 2009, 2010 y 2011.

Según los fundamentos jurídicos, en un primer momento la Consejerjía asumió el pago de los servicios prestados por el IVO a los pacientes de departamentos gestionados indirectamente por concesionarios privados, pero a partir de un determinados momento, solicitó al IVO que remitiera las facturas a los concesionarios.

La Consejería considera que no le es imputable el pago de todas las facturas reclamadas, y afirma que en aquellos pacientes que han sido derivados por la mercantil concesionaria del servicio público de sanidad, el IVO deberá exigir el pago a dicha concesionaria y no a la Administración.

La sentencia señala que, según consta en el contrato firmado en 2011, el objeto del mismo consiste en "la contratación de la asistencia sanitaria a enfermos de carácter principalmente oncológico beneficiarios de la cobertura asistencial con cargo a la Consejería de Sanidad y pertenecientes a las tres provincias de la Comunidad Valenciana".

Asimismo, reconoce que de los distintos sistemas de acceso de los pacientes al IVO, la Administración únicamente niega el pago de aquellas facturas que corresponde a pacientes derivados de departamentos sanitarios en régimen de concesión administrativa.

Sin embargo, indica que el IVO no ha celebrado con las mercantiles concesionarias contrato o concierto alguno para la prestación de la mencionada asistencia sanitaria, por lo que en modo alguno podrá exigirles dicho pago.

En este sentido, condena a la Consejería a pagar 4.719.332 euros de principal más 627.888 euros de intereses de demora, a los que se añaden 148.945 euros por intereses de facturas pagadas entre la interposición del recurso y la formalización de la demanda, más los intereses de demora que se vayan devegando hasta el pago total del principal.

La Consejería debe abonar también 1.000 euros de costes de cobro, y 1.500 por las costas procesales causadas en esta instancia, según la sentencia, contra la que cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 15 días y tras depositar 50 euros en la cuenta de consignaciones del juzgado 50 euros.

Compromís considera que el convenio entre la Generalitat y el IVO es "un cheque en blanco" y "no tiene control" y ha acusado a la Administración de "no haber puesto mucho interés al defender los intereses generales".  Para Morera, la interpretación que hacía el anterior consejero de Sanidad, Luis Rosado, y la que hace el actual son totalmente contrarias.