Todo el soporte en papel de unas diligencias abiertas en 2006 en el juzgado número 2 de Cambados se ha esfumado. Son unos 200 folios de instrucción en torno a una denuncia de la Asociación de Vecinos San Cristóbal de Portonovo, en Sanxenxo, contra la construcción de una urbanización de pisos de lujo, Illas Atlánticas, que promovió la empresa Construziona Galicia, SL y que sustanció el Seprona en un informe preliminar.

La denuncia se había judicializado por un supuesto delito contra el medio ambiente por parte de Construziona, promotora vinculada a la familia del exconselleiro de Política Territorial, José Cuiña. Pero meses después, la acusación particular amplió la denuncia por hechos que aparecían en la misma causa y que podrían derivar en la imputación del ahora diputado en el Congreso del PP Telmo Martín por presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios y/o tráfico de influencias cuando era alcalde de Sanxenxo. En el punto de mira está de nuevo la empresa Construcuatro, de la que Martín poseía el 33% de las acciones, y que vendió los terrenos a la promotora Construziona por 2,78 millones.

Desde junio de 2009 la causa sufrió un colapso. La absoluta paralización de las diligencias coincide en el tiempo con un auto de la Audiencia de Pontevedra en el que se revoca el archivo provisional que, a petición del fiscal, dictó el que fuera juez instructor, Juan Carlos Carballal y se le requiere que siga investigando, algo que no se hizo. Transcurridos tres años, las diligencias siguieron aparcadas, desoyendo las indicaciones de la Audiencia, sin que se hubiera registrado ninguna nueva actuación judicial. Pero lo más llamativo es que tampoco la parte denunciante representada por el abogado Vicente García Legísima presentó queja o reclamación por ello. El letrado salió elegido concejal por el BNG en Pontevedra en las pasadas elecciones.

Nadie sabe desde hace cuánto tiempo estas diligencias se encuentran en paradero desconocido. Hay constancia de que el fiscal del caso encargado de los delitos urbanísticos, David Lafuente, advirtió el extravío de la causa a finales del pasado año. Luego el juez Carballal fue trasladado a Vigo en marzo y tomó posesión el nuevo titular, que fue informado de lo que estaba ocurriendo. Se comprobó que ni un solo papel de todo lo instruido pudo ser recuperado y que los legajos, sorprendentemente, están perdidos.

La desaparición del procedimiento ha causado perplejidad en medios judiciales y de la fiscalía de Pontevedra consultados y nadie se ha atrevido a dar una explicación convincente de por qué unos documentos que tendrían que estar custodiados en el juzgado han acabado en paradero desconocido. Un hecho insólito que cobra mayor relevancia al tratarse de un caso que podría salpicar a un político y con un largo historial por denuncias urbanísticas, algunas finalmente archivadas. Pero, además, la deriva que tomó el procedimiento en la fase de instrucción apunta a un absoluto desinterés de todas las partes pese a las inequívocas consignas que dio la Audiencia de Pontevedra para que a la investigación no se le diera carpetazo.

La denuncia que presentaron en el juzgado los vecinos consideraba ilegal la construcción el edificio Illas Atlánticas porque los terrenos ocupaban el espacio de servidumbre del río Baltar. El juez llegó a paralizar las obras dos meses a raíz del informe del Seprona, aunque en agosto de 2008 decidió archivar el caso y desestimar la apelación de los vecinos.

El juez instructor alegó que “de lo actuado no resultaba debidamente justificada la perpetración del delito contra los recursos naturales y el medio ambiente que había dado lugar a la formación de la causa”, una resolución que no cuestionó la Audiencia. Sin embargo, en su recurso de reforma el abogado de la acusación se quejó ante la Audiencia de que el archivo se había acordado sin que se les hubiese dado traslado de un informe de la Xunta y del resultado del exhorto remitido al juzgado de Vigo en el que se comunicaba que la bióloga designada como perito judicial no aceptaba el cargo. También alegó que el auto del juez desestimando el recurso de apelación no entraba a valorar un escrito presentado el 14 de diciembre de 2007 en el que se ponían en conocimiento del instructor y de la fiscalía “hechos nuevos de los que se tuvo noticia a través de las diligencias de instrucción que podrían derivar en responsabilidades penales” contra Martín y otras personas. Y ahí sí les dio la razón la Audiencia.

“Tiene razón la parte apelante al considerar que antes de dictarse el auto de sobreseimiento se le debió dar traslado de las últimas diligencias practicadas para que pudiera instruirse e interesar lo que a su derecho le conviniere, no compartiendo los argumentos de la resolución [del juez] debido a que la notificación de ésta, por fuerza, se tuvo que producir al menos simultáneamente a la del auto”, esgrime el 5 de junio de 2009 la Sección Segunda que preside el magistrado José Juan Barreiro Prado. La Sala considera que “se han infringido normas esenciales del procedimiento, derivándose de tal infracción una situación de indefensión para la parte denunciante”, y declara la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de archivo del juez.

Pero además, y en relación al escrito presentado en el que se aportan nuevas pruebas, la Audiencia le requiere al juzgado que siga investigando “por si de los mismos se derivasen responsabilidades penales, delitos de naturaleza distinta a los que dieron lugar a la incoación de las diligencias y sobre las que no se pronuncia el juez instructor”.