El Gobierno catalán ha reiterado hoy que "está estudiando" la aplicación de un impuesto a los pisos que se encuentran vacíos, pero no ha concretado cuándo entrará en vigor y cómo la aplicará. Lo que sí ha explicado esta mañana en el Parlament el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, es que la tasa en ningún caso tendrá una "vocación recaudatoria" y que se aplicará a las viviendas que lleven más de dos años vacías.

Vila ha reiterado que el impuesto solo gravará a las entidades bancarias y sus inmobiliarias, no a los particulares. También ha dicho que habrá excepciones como los pisos de protección oficial y los que dependan de los ayuntamientos. Esquerra Republicana ha reclamado a CiU que la aplicación de este impuesto no se demore y se aplique de manera "urgente" para dar cumplimiento así a uno de los puntos del acuerdo de legislatura suscrito entre ambos partidos.

El objetivo de la aplicación de este impuesto es estimular el mercado de alquiler, para que se pongan en el mercado los 79.000 pisos nuevos vacíos que existen en Cataluña. PSC e ICV han anunciado que apoyan la medida, aunque la considera insuficiente y defienden que Cataluña siga el modelo andaluz y expropie las viviendas a las entidades bancarias afectadas por procesos de desahucio.

La Generalitat duda de la eficacia de la medida de la Junta, que ya ha anunciado que seguirá Canarias. Artur Mas ha defendido la medida que estudia su Gobierno, en coordinación con los ayuntamientos. Joan Herrera (ICV) ha reclamado a Mas "ir más allá" y ha pedido que se aplique una política de alquiler forzoso a las viviendas vacías que tengan los bancos.

El presidente catalán ha replicado que cuando gobernó el tripartito no se resolvió ni un solo expediente de ese tipo, a lo que Herrera ha replicado que no todos los partidos de aquel Gobierno, del que también formaban parte PSC y ERC, compartían la misma política en vivienda, que estaba en manos de los ecosocialistas.

El Parlament debate también hoy en el pleno de este miércoles una proposición de ley de Ciutadans que pretende modificar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para prohibir el uso del burka en espacios y edificios públicos. El texto, que con toda probabilidad fracasará ya que CiU, PSC e ICV-EUiA han presentado enmienda a la totalidad, pide vetar el uso de ropa que "oculte completamente la cara y que, por lo tanto, impide la identificación del individuo y limita la comunicación visual". C's ha argumentado que el objetivo de su iniciativa es proteger "tanto la seguridad pública como el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad individual".