El Gobierno valenciano ha decidido aplicar una terapia de choque para ahuyentar el fantasma de la intervención. Una posibilidad que ha estado sobre la mesa del Ministerio de Hacienda desde que el pasado mes de diciembre el Gobierno tuviera que avalar a la Generalitat para hacer frente al vencimiento de un crédito de 123 millones de euros del Deutsche Bank.

El presidente de la Generalitat, el popular Alberto Fabra, presionado desde hace semanas por los rumores de intervención, optó finalmente por subir los impuestos, cambiar el modelo de gestión de la sanidad, introducir nuevos pagos en la justicia y aumentar las tasas universitarias y los alumnos por aula. Todo ello de una tacada.

La caída de los ingresos (un 10% en el primer trimestre de este año), la imposibilidad de colocar las emisiones de deuda (calificadas como bono basura por S&P) y las ingentes deudas acumuladas (4.069 millones de euros solo con proveedores) hicieron imposible para el Gobierno valenciano retrasar unas decisiones traumáticas que implican la puesta en marcha de un nuevo modelo de Administración.

El vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, y el consejero de Hacienda, José Manuel Vela, fueron los encargados de explicar el Plan económico financiero de reequilibrio 2012-2014 que recoge todo un paquete de medidas para ingresar este año 1.036 millones de euros más con subida fiscal y nuevos impuestos y recortar gasto en 1.223 millones mediante distintas medidas de ahorro. En total: 2.260 millones de euros de ajuste que alteran en un 15% el presupuesto inicial de la Generalitat para 2012 que estaba fijado en cerca de 15.000 millones de euros.

Todo el plan, que será revisado por el Ministerio de Hacienda y presentado al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera para su aprobación, está supeditado a la consecución del objetivo del déficit del 1,5% del PIB fijado por el Gobierno. Un porcentaje que la Generalitat tasa en 1.536 millones a final de este año.

En este plan de choque, el Gobierno valenciano vuelve a incumplir sus promesas en materia de impuestos. Hasta hace unas pocas semanas, los populares valencianos insistían en que no recuperarían el impuesto de patrimonio. Fabra este viernes aceptó reinstaurar este impuesto, que había suprimido el PP, para el ejercicio 2013 y por el que espera recaudar cerca de 71 millones de euros. La Generalitat deja la puerta abierta a que el Gobierno acceda a que se pueda mantener a partir de 2014.

El consejero de Hacienda, José Manuel Vela, justificó la reintroducción del impuesto de patrimonio porque su recaudación se destinará a partidas de dinamización de la economía.

El impuesto de transmisiones patrimoniales también se aumenta del 7% al 8% y se anuncia la implantación de una nueva tasa medioambiental para las empresas con la que se pretende recaudar otros 30 millones de euros anuales.

La necesidad de incrementar los ingresos se traduce también en un nuevo copago judicial en forma de tasas, todavía por especificar. La novedad de estas tasas es que su uso será finalista y que los ingresos se destinarán a la mejora y construcción de juzgados. Si el primer paquete de medidas de la Generalitat se encamina a incrementar la recaudación, el segundo incluye los recortes, que se dejan sentir especialmente en las áreas de sanidad y educación.

En 1999, Eduardo Zaplana, con José María Aznar en La Moncloa, ya utilizó la Comunidad Valenciana de banco de pruebas para introducir el denominado modelo Alzira —la gestión integral por un gestor privado de toda la atención sanitaria—. Un modelo que el PP valenciano ha extendido en 17 años de Gobierno a cinco áreas de salud que funcionan mediante conciertos, cuyo coste ahora se pretende renegociar a la baja.

Ahora, Alberto Fabra, con Mariano Rajoy en el Gobierno, da otro salto adelante hacia la privatización. Los 18 departamentos de salud que gestiona directamente la Generalitat tendrán un gestor privado, que agrupará todos los servicios externalizados. La Consejería de Sanidad solo asumirá directamente la gestión del personal médico y las inversiones en infraestructuras y tecnología.

Císcar aseguró que este cambio de modelo sanitario permitirá importantes ahorros. La alternativa a esta decisión era “subir los impuestos a cada valenciano otros 500 euros al año”, señaló el vicepresidente.

La educación pública es el otro sector sobre el que recae la mayor parte del sacrificio aprobado ahora por el Gobierno valenciano.

Las tasas universitarias experimentan un notable aumento. Si hasta ahora los estudiantes pagaban un 13% del coste de la matrícula en las cinco universidades públicas valencianas, a partir del curso que viene abonarán el 20% de la misma. Císcar argumentó que la subida se sitúa en la mitad de la horquilla fijada por el Gobierno. Según sus propios datos, el primer curso de Medicina costará 370 euros más el curso que viene (de 1.108 a 1.478 euros), el de Economía, 262 euros (de 784 a 1.046) y el de Derecho 242 euros más (de 762 a 968 euros).

Si la anunciada subida de tasas universitarias ya ha generado un notable malestar en las universidades, la decisión de incrementar las horas de docencia en Secundaria y al profesorado universitario y el incremento del número de alumnos por aula amenaza con convertir en un polvorín la educación pública.

El plan de ajuste del Gobierno de Alberto Fabra prevé un aumento del 20% en el número máximo de alumnos por aula, lo que permitirá que haya hasta 42 alumnos por clase en Bachillerato (ahora el máximo son 35) o 36 en Secundaria (ahora son 30).

El sector público, donde se prevé despedir a unos 5.000 de los 11.000 empleados actuales, también se cuantifica. Se recortarán 120 millones de gasto, de los cuales 60 se destinarán a pagar los despidos.