En el blog “El Patio del Congreso” nos contaba que el Gobierno ha mandado al Congreso para su ratificación, un Convenio elaborado en el seno del Consejo de Europa que, entre otras cosas, implica que los delitos contra la Administración Pública pasarían a estar penados con pena de cárcel y no únicamente con inhabilitaciones, como pasa en buena parte de ellos.

Este Convenio fue firmado por el Gobierno presidido por Aznar y ahora el de Rodríguez Zapatero lo envía para que el Congreso autorice la ratificación.

Independientemente de las circunstancias actuales, independientemente de la lucha política me parece una buena idea que los delitos contra la Administración Pública estén penados con prisión, porque la inhabilitación ha demostrado ser una pena absolutamente ineficaz.

La inhabilitación es ineficaz porque castiga con algo que muchos de los posibles penados no consideran importante. Supongamos un caso: el cuñado de un constructor consigue ser concejal de urbanismo de su localidad y se lía a prevaricar como un loco para beneficiar a su familiar, en cuya empresa trabajaba antes de ser concejal. Después de muchos años es condenado a una pena de inhabilitación, cuando ya no es ni concejal, una pena que lo único que le impide es volver a ser cargo público o funcionario, cosas ambas que no le interesan una vez cumplida su misión familiar.

La pena debe ser temida y, la verdad, hay mucha gente que solamente temen a la prisión porque todo lo demás no les importa: si uno no es funcionario o ya se ha reiterado de la política una inhabilitación no supone nada y una multa puede estar hasta prevista cuando se hacen las tropelías.