La movilización de las afganas y la presión internacional parece haber surtido efecto. El presidente Hamid Karzai ha devuelto para su revisión el proyecto de ley de nuevo código procesal de Afganistán que, según alertó Human Rights Watch (HRW) a principios de este mes, dejaba desprotegidas a las mujeres en los casos de violencia domestica. El texto “no entrará en vigor hasta que el Ministerio de Justicia haga nuevas enmiendas al borrador propuesto”, ha anunciado en su cuenta de Twitter el portavoz presidencial, Aimal Faizi, tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.

“En la actual versión de la ley hay dos problemas graves: 1) prohíbe el testimonio voluntario y obligatorio de los miembros de la familia; y 2) la excepción al testimonio obligatorio debería, como en la mayoría de las jurisdicciones, aplicarse solo a los esposos, pero se aplica a toda la familia”, explica a EL PAÍS Heather Barr de HRW. “El Gobierno afgano ha prometido revisar la ley para arreglar el primero, pero se niega a abordar el segundo. Así que incluso si el cambio ordenado por el presidente Karzai se lleva a cabo, aún mina de forma significativa el enjuiciamiento de la violencia contra las mujeres”, añade.

A raíz de la denuncia de HRW, se produjo una fuerte reacción internacional, incluida la condena de la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos o la Unión Interparlamentaria, que parecen haber pesado sobre Karzai. Pero también las afganas se han movilizado para impedir un nuevo retroceso en el lento y tortuoso avance de los derechos de la mujer en ese país asiático. “Sin duda sería un paso atrás para los derechos de la mujer”, advertía Fawzia Koofi por teléfono desde Kabul.

Esta diputada se unió a otras activistas para lanzar una campaña en los medios de comunicación y la sociedad civil con el fin de evitar que el presidente firmara la ley que le remitió el Parlamento. Koofi estuvo en el comité legislativo bicameral que revisó el proyecto el pasado enero después de que la Cámara Alta (Meshrano Jirga), haciéndose eco de la preocupación que generaba, intentara cambiar la redacción de la Cámara Baja (Wolesi Jirga) para que se permitiera declarar a los familiares. No hubo quórum.

“Intenté por todos los medios que enmendaran ese artículo, pero era la única mujer y aunque algún otro diputado me apoyó, estábamos en minoría”, relata con su habitual energía. El resto de los miembros del comité defendían que los lazos familiares hacen imposible mantener la ecuanimidad necesaria para testificar, y que los parientes se verían arrastrados por sus sentimientos hacia el acusado.

Hay muchos países occidentales en los que se exime de declarar en contra de un familiar cuando ese testimonio puede inculparle. Sin embargo, lo que artículo 26.4 del nuevo código procesal establece es que las autoridades judiciales no pueden, bajo ningún pretexto, interrogar como testigos a “los familiares del acusado”, lo que equivale a silenciar a las víctimas de la violencia doméstica, incluidas las que sufren matrimonios infantiles o forzados.

“Esas situaciones se producen en el seno de la familia y, con frecuencia, no hay otros testigos que puedan refrendar los abusos”, explica Koofi que desde que llegó al Parlamento como diputada por la provincia de Badakhsan ha luchado incansable en defensa de los derechos de las afganas.

Influye sin duda la naturaleza extremadamente conservadora de la sociedad afgana. Varias generaciones de la misma familia suelen convivir en recintos amurallados que incluyen distintas viviendas. Las mujeres, que siguiendo la tradición tribal después del matrimonio se trasladan a casa del marido, rara vez tienen ocasión de salir fuera de esos patios cerrados. De ahí que si sufren malos tratos, o son víctimas de un matrimonio forzado, nadie que no sean sus parientes más cercanos puede avalar una eventual denuncia.

“Si se ratifica el proyecto de ley, la mayoría de los casos que se juzgan bajo la EVAW [Ley para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres] se quedarán sin testigos”, confirma Sari Kouvo, analista principal del Afghanistan Analysts Network (AAN) y que lleva una década ocupándose de los derechos de la mujer en ese país. “Importa mucho porque en los asuntos de violencia doméstica, sin los testimonios de los familiares no hay caso”, subraya Kouvo quien considera que ya es bastante complicado para las afganas dar el paso de denunciar.

Entre los casos recientes que nunca hubieran prosperado con el código procesal que ahora espera la firma de Karzai, las activistas citan el de Sahar Gul, la niña-novia cuyos suegros quisieron prostituir y ante cuya negativa, fue encadenada en el sótano, azotada, quemada y casi dejada morir de hambre; o el de Sitara, una mujer de 30 años cuyo marido drogadicto le rebanó la nariz y los labios el año pasado por no darle sus joyas para comprar una dosis.