Agentes de los Mossos d'Esquadra  se encuentran registrando en estos momentos la antigua sede de la sección de crédito de la cooperativa de L'Aldea en busca de documentación de interés en el marco de la operación judicial abierta contra el exgerente de la cooperativa, Daniel Ferré. Los furgones policiales llegaron ayer por la tarde a las antiguas dependencias de la sección de crédito y han requisado documentación, así como ordenadores, en busca de más pruebas que puedan aportar luz sobre los últimos movimientos que se efectuaron en esta entidad antes del colapso que bloqueó los ahorros de 3.000 socios de la entidad.

Los agentes, que han decidido precintar el recinto a la espera de nuevas ordenes judiciales, han actuado por orden de la juez que instruye el caso motivado a raíz de la querella criminal que presentó la nueva junta rectora contra el exgerente, acusado de ser el máximo responsable del colapso de la entidad, en diciembre de 2011.

El pasado 10 de mayo, los principales exresponsables de la cooperativa de L'Aldea dijeron a la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Tortosa que no sabían nada sobre el estado de cuentas de la entidad, y reiteraron que confiaban plenamente en la gestión del exgerente Daniel Ferré. Ese día declararon ante la juez el expresidente de la cooperativa, José Fernando Falcó, el extesorero, Joan Benito, y el exsecretario, Lluís Gilabert, responsables de la junta rectora que presidía la cooperativa cuando ésta se declaró en concurso de acreedores en diciembre de 2011.

La imputación de los antiguos responsables de la entidad tuvo lugar el pasado mes de abril porque la juez quería averiguar porqué la junta que había en aquel momento dio al exgerente tantos poderes.