Tres años después de que la Agencia Tributaria denunciara un presunto fraude fiscal y delito de blanqueo de 5,8 millones de euros del narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, a través de varios testaferros, la fiscalía ha pedido al Juzgado número 2 de Vilagarcía el archivo provisional de la causa por falta de pruebas. Por el momento, la investigación no ha podido acreditar la relación entre Prado Bugallo y los empresarios de Vilagarcía Gerardo Sánchez Pérez y su hijo Gerardo Sánchez Villalba, conocidos como Los Gerardos, dueños de un grupo de negocios de tiendas y hostelería en el que se invirtió el dinero de procedencia “opaca”.

Las diligencias se archivan sin que el fiscal especial de Delitos Económicos haya podido acusar a Sito Miñanco de un delito de blanqueo procedente del narcotráfico ni tampoco a Los Gerardos de fraude tributario.

En el caso de Los Gerardos, el delito habría prescrito. Sin embargo, el fiscal, Augusto Santaló, no descarta que se retome la causa a la espera de nuevas pesquisas policiales.

El archivo temporal de las diligencias deja sin efecto el embargo de las empresas y sociedades a las que se señalaba como tapadera para lavar dinero del narcotráfico en tanto en cuanto no aparezcan otros indicios sobre la vinculación de Sito Miñanco con estos presuntos testaferros. A partir de los informes preliminares de Hacienda sobre el ejercicio fiscal de 2000, Prado Bugallo declaró como imputado desde la prisión, donde cumple una condena de 16 años por narcotráfico. Lo hizo a través de videoconferencia y, además de negar que conociera a Los Gerardos, exculpó a su hija, también imputada, Rosa María Prado Pouso, alegando que entonces no tenía ninguna relación con su familia.

En la demanda de la Agencia Tributaria se constataron irregularidades en la contabilidad de la sociedad matriz Gasevi, como la inyección de activos financieros que no han sido justificados. El embargo se decretó sobre las empresas Expansión Arosa y Kalandrakas, las cafeterías y boleras Kaiser y DNI, la discoteca Kavila, Pub London o el karaoke La Bohéme, entre otros negocios de Los Gerardos.

Este proceso se enmarca en una serie de investigaciones contra clanes gallegos del narcotráfico que se remontan a 2007. Siguiendo el rastro de dinero negro, Hacienda ha promovido el embargo de bienes y dinero por valor de más de 700 millones de euros.

Este es el primer intento de incriminar a Miñanco en un delito de blanqueo con dos sentencias encima por tráfico de drogas, mientras la Fiscalía Anticorrupción también lo investiga por presuntos pagos a funcionarios a cambio de favores dentro de la prisión de Huelva donde el pasado año pudo comenzar a obtener permisos carcelarios después de cumplir las tres cuartas partes de la condena.

Uno de sus presuntos testaferros, Gerardo Sánchez Villalba, acaba de ser condenado por alzamiento de bienes a 18 meses, una mínima pena porque antes del juicio saldó la deuda que tenía con un centro comercial de 57.000 euros. Para eludir el pago del local que alquiló para una cafetería, el empresario vendió parte del patrimonio que tenía embargado a nombre de la sociedad Arosa Crisis.