Todos sabíamos lo que estaba pasando en Marbella antes de la disolución de su corporación, pero quienes mejor lo sabían eran sus ciudadanos. Los marbellíes, por tres veces, le dieron mayorías absolutas escandalosas al GIL y cuando el chiringuito de corrupción estalló por los cuatro costados de repente todos se pusieron en contra de los gilistas a los que les habían confiado su municipio.

La situación de bancarrota en la que la Comisión Gestora nombrada por la Diputación de Málaga encontró las arcas municipales hizo que la Junta de Andalucía tuviera que liberar partidas especiales para reflotar el Ayuntamiento (al artículo 2 de la Ley ni caso), pagar todo lo que se debía y dejarlo, al menos, tan poco saneado como el resto de los ayuntamientos españoles.

La idea era que los marbellíes no tenían que pagar los despropósitos de los alcaldes y concejales gilistas (y tránsfugas anexos). Y yo me pregunto: ¿por qué ellos no tienen que pagar los despropósitos de los gobernantes locales que reeligieron una y otra vez? Creo que el Ayuntamiento de Marbella no tendría que haber sido rescatado y que los marbellíes deberían asumir las consecuencias del “cachondeo” y el despilfarro descomunal que jalearon con su voto.

Ésta es una forma radical de responsabilidad política, que nadie va a ejecutar porque ningún partido va a dejar a su división territorial en Marbella en tal brete, porque los botarates que eligieron al GIL son los mismos que van a ir a votar las futuras elecciones.