Los defensores de un sistema electoral mayoritario suelen argüir como un valor de este sistema el hecho de que incentiva la relación entre el representante y las personas que lo han elegido. Hay una persona en concreto que nos representa y a él le podemos exigir el cumplimiento de los compromisos, independientemente de los partidos.

Los intereses de la circunscripción son defendidos directamente en la cámara representativa correspondiente,  sin subordinarse a otros intereses, ya que si esto no se produce, el representante perderá su escaño a la primera oportunidad.

De esta forma el representante solamente se debe a sus electores y no a una estructura política, el partido, que decide quien coloca en una lista y en qué posición, forzando a los ciudadanos a elegir entre candidaturas con personas a las que no votaría en su vida, no garantizándose la permanencia en la lista necesariamente por su trabajo parlamentario.

Los detractores de este sistema consideran que algunas de sus virtudes son defectos si se les estudia detalladamente. Es probable que haya una mayor relación con los electores y una menos dependencia del partido político de turno, pero eso puede alimentar relaciones clientelares, el ejercicio de “lobby” en la capital a cambio de apoyo para las campañas electorales o a cambio de presencia en los medios de comunicación.

Los proyectos colectivos, como las infraestructuras, se vuelven sumamente costosos, porque todo aquel representante que no vea su circunscripción directamente beneficiada (y directamente es directamente) ofrecerá su voto a cambio de compensaciones en inversiones. De este modo, todo termina saliendo sumamente más caro.

Además hay un problema con las minorías políticas. Los que no consiguen que su opción política gane en su circunscripción no obtienen representación alguna, siendo en un sistema mayoritario más probable que en uno proporcional que una minoría electoral sea mayoría parlamentaria y que demasiados electores no estén representados en la cámara (o sobredimensionamientos).