Comenzaré con una noticia local que tiene cierta trascendencia nacional, en cuanto la situación se repite en casi todas las ciudades españoles. Según informa el periódico digital Ceutaldia.com, el gobierno de la Ciudad Autónoma tiene previsto dar unas ayudas a los taxis ceutíes para la renovación de la mitad de la flota. La partida es de 600.000 € y teniendo en cuenta que la flota de taxis de la ciudad es poco superior al centenar, nos encontramos con cerca de 12.000 € por licencia.

No comprendo la causa por la que hay que ayudar a los taxistas a renovar su flota, con la excepción de los taxis adaptados (que tienen un sobrecoste que no tiene relación con mayores posibilidades significativas de negocio).

El taxi tiene una protección económica basada en la limitación del número de licencias. Esto permite que entre apenas un centenar de operadores puedan repartirse en régimen de monopolio (del colectivo) este servicio en la ciudad. Es decir, las corporaciones locales ya les ayudan a los taxistas manteniendo limitadísimas las licencias y no haciendo posible acceder a una licencia a todo el que cumpla determinadas condiciones.

Más que imponerles unas condiciones mínimas de prestación del servicio y hacerlas cumplir, la Ciudad se gasta casi dos millones de pesetas por licencia en que el servicio se preste con coches decentes, dinero que debería ser abonado por los que tienen la licencia, ya que es su negocio y no el mío.

Los taxistas están muy acostumbrados en toda España a que cualquier modificación y mejora del servicio tenga que ser sufragada por las arcas públicas. Junto a ello, no solamente quieren mantener la restricción en el número de licencias, sino que se les reserve todo tipo de beneficios para que puedan desarrollar mejor su negocio (calles en las que solamente ellos puedan entrar o paradas en sitios de difícil acceso), pero sin poner un solo euro, sin invertir, y ahora les tenemos hasta que pagar los coches.