Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos ha bloqueado la ley que prohibía publicar anuncios electorales en la televisión pública del país. La cadena Public Broadcasting Service, PBS, así como todas sus emisoras locales, podrán emitir por primera vez espacios publicitarios financiados por las campañas electorales.

Los jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito 9 decidieron por dos votos a favor y uno en contra que la prohibición era “demasiado amplia” y que de haberse mantenido, hubiera violado la libertad de expresión de los ciudadanos, establecida en la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana. La sentencia considera que la ley de 1981 que prohibía la publicidad electoral en la televisión pública es inconstitucional.

“Los asuntos públicos en general y el discurso político en particular están en la esencia de las garantías de la Primera Enmienda”, escribió el Juez Carlos Bea en la sentencia. “Por definición, estos anuncios no incitan a los espectadores a consumir ningún producto ni contratar un servicio”.

La corte de apelaciones no separa por tanto la publicidad comercial de la de las campañas electorales, alegando que limitar la ley para distinguir entre los dos tipos de anuncios no se puede justificar, como pedían los denunciantes, para impedir la comercialización de un servicio público de televisión.

Los detractores, sin embargo, defienden que la entrada de espacios políticos en emisoras públicas puede cambiar la naturaleza educativa de cadenas como PBS. La denuncia contra la prohibición había sido planteada originalmente por una emisora pública de California, Minority Television Project, que fue multada por emitir anuncios.

La sentencia judicial llega en un momento de intenso debate en Estados Unidos -inmerso en las primarias del Partido Republicano- sobre la influencia de los comités de recaudación o Super PACs y su poder a la hora de financiar e impulsar campañas electorales. En 2010, el Tribunal Supremo eliminó el límite de recaudación a estos comités, que ya han entrado en campaña gracias a la financiación de polémicos anuncios a favor de algunos candidatos republicanos.

Los críticos de esta medida aseguran que si alguno de esos espacios llega a la televisión pública norteamericana, se estará acabando con el modelo actual. Las radios y televisiones públicas de Estados Unidos, a diferencia del modelo europeo, reciben donaciones individuales y de otras organizaciones, además del Gobierno, de manera que los únicos espacios publicitarios que interrumpen la programación están dedicados a reconocer y agradecer dichas aportaciones. La decisión de la Corte de Apelaciones hará que los norteamericanos vean por primera vez -si las emisoras y cadenas aceptan el dinero-, mensajes de los candidatos a la presidencia en la televisión pública.

“Barrio Sésamo, patrocinado por Mitt Romney. Y después, Downton Abbey, pero antes unas palabras del Super PAC de Obama”, bromea una campaña de la organización Free Press en contra de la sentencia judicial.

“Si realmente existen pruebas de que la emisión de publicidad electoral puede causar un daño sustancial, cambiando el contenido de la programación de una manera tan directa como lo haría la publicidad comercial, entonces el Congreso puede demostrarlo y quizás aprobar una ley que limite esta actividad”, dice la sentencia, reconociendo la posibilidad de que un texto legal límite lo que la Corte de Apelaciones no ha querido restringir.

“Durante más de 60 años, las emisoras públicas de televisión han estado aisladas de la atracción de la publicidad comercial”, declaró el juez Richard Paez, el único voto en contra de la sentencia. “La decisión de la corte interrumpe la aplicación de estas medidas y puede poner en peligro el futuro de la televisión pública. A mí no me convence que la Primera Enmienda imponga una obligación como ésta”.

El Departamento de Justicia, que ya ha defendido anteriormente la necesidad de excluir los anuncios políticos de la televisión pública para mantener su naturaleza actual, podrá apelar ante el Tribunal Supremo para que éste determine la constitucionalidad de la ley de 1981.