La huelga en el servicio de recogida be basuras en Alicante arrancó anoche con momentos de tensión entre los partidarios de mantener la protesta y los que prefieren negociar. Un amplio despliegue policial permitió que salieran los camiones de los servicios mínimos.

El preacuerdo alcanzado este domingo por sindicatos y UTE Alicante para aplazar un mes la huelga de recogida de basuras será votado este lunes en referéndum por los trabajadores entre las siete de la mañana y la esta anoche. Los empleados de la empresa encargada de la limpieza y gestión de la basura alicantina deberán votar si prefieren negociar un mes más manteniendo su antiguo convenio o directamente comenzar la huelga indefinida.

La petición de una última reunión por parte de la alcaldesa Sonia Castedo como esfuerzo para evitar la huelga en las calles alicantinas tuvo sus frutos: comité de empresa y mercantil acordaron aplazar la huelga hasta el 19 de febrero a cambio de mantener el antiguo convenio laboral que persiguen mantener los sindicatos y del que se descolgó la empresa el pasado 2 de enero.

Sin embargo, pasada la medianoche, salían de las cocheras de UTE Alicante los primeros servicios mínimos después de que los empleados del turno de noche rechazaran el preacuerdo entre su comité y la empresa. El pacto consistía en aplazar la huelga hasta el 19 de febrero manteniendo las condiciones del antiguo convenio, pero fue mayoritariamente rechazado.

La tarde noche de ayer fue un ir y venir entre representantes de la plantilla y abogados de la mercantil en una reunión que superó las nueve horas. Ningún alcalde quiere fotos de la basura acumulándose en el centro de su ciudad, menos cuando el propio presidente de la Generalitat y del PP, Alberto Fabra, está pidiendo a sus dirigentes locales involucrarse en las elecciones europeas de esta primavera.

En este contexto apareció ayer Castedo, primera edil de un Ayuntamiento cuyo edil de Atención Urbana y vicealcalde, Andrés Llorens, hizo gala hace días de haber tenido una intervención “nula” en las negociaciones que ya duran ocho meses. La alcaldesa ayer pidió a UTE Alicante, por boca del comité de empresa, la prórroga durante tres meses del convenio laboral para poder seguir negociando. Según fuentes municipales, Castedo también quería que hubiera presencia municipal en las futuras conversaciones.

Y eso es lo que no entendieron los trabajadores del turno de noche, según los sindicatos: que alcaldía apareciera a mediar el día que supuestamente comenzaba la huelga. La propuesta de Castedo fue ayer la misma que defendieron los sindicatos antes de que la empresa se descolgara de un convenio con 38 años de antigüedad para simplemente aplicar el sectorial, menos beneficioso para la plantilla.

La voluntad consistorial de no intervenir en una negociación tan importante durante todo este tiempo adquirió ayer tintes contradictorios a ojos de los trabajadores. Primero el concejal Llorens declinó en varias ocasiones reunirse con los empleados de la contrata, encuentro que sí mantuvo con la empresa. Y el pasado jueves, con un acuerdo alcanzado ya entre trabajadores y mercantil, accedió a reunirse y los sindicatos salieron convencidos de que debían rechazar el pacto logrado. Según se les dijo, el pliego de condiciones de la llamada contrata del siglo contempla el convenio por el que vienen luchando y, por tanto, lo que habían cedido a la empresa ya estaba en el canon de la contrata, de unos 435 millones de euros.

Ayer, Llorens y Castedo citaron a los representantes del comité. Les dijeron que transmitieran su propuesta a la empresa y cuando, tras todo un día de negociación, los sindicalistas resumieron el pacto alcanzado a los trabajadores del turno de noche, sus compañeros no entendieron el cambio de actitud municipal, como se pasa de no recibir a alguien a unirse a sus propuestas. La beligerancia de unos 80 empleados hizo que a medianoche salieran los servicios mínimos pactados para una huelga que mañana podría quedarse coja cuando voten los 513 empleados. La plantilla votará en referéndum para que cada uno exprese su opinión sin presiones grupales.

Al concurso de la llamada ‘contrata del siglo’ solo atendió la unión de empresas conformada por FCC, Cespa (Ferrovial), Cívica e Inusa, las dos últimas participadas por el principal contratista del Ayuntamiento, Enrique Ortiz, imputado junto a Sonia Castedo en el caso Brugal por el supuesto amaño del plan general urbano.