Después de ocho años, el fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán - que en 1980 comenzó 20 años de violencia con rezagos que aún persisten- reapareció en público la mañana de este lunes en un juicio. Junto a él estaban otros acusados miembros del comité central y dos miembros de menor jerarquía de la organización terrorista. El proceso se debe al mayor atentado ocurrido en la capital, un coche-bomba que estalló en julio de 1992 en la calle Tarata, el corazón del distrito residencial y comercial de Miraflores. El caso, sin embargo, parece ser un mecanismo para extender el tiempo en prisión de Osmán Morote, integrante de la cúpula senderista cuya condena concluyó en junio, y de Margie Clavo, quien también iba a quedar en libertad en breve.

El mandato de prisión preventiva dictado este lunes en la Base Naval del Callao para nueve personas afecta en particular a Morote y Clavo pues, del resto, tres tienen sentencias a cadena perpetua y otros a 35 años de privación de libertad. El pasado mes de abril, durante el juicio por una matanza de 104 campesinos en Soras (Ayacucho) en 1984, un tribunal abrió un proceso a Morote con orden de detención, quien en junio concluía su sentencia de 25 años de cárcel.

El juicio que se celebró el año pasado tuvo lugar en medio de un debate de mediana intensidad acerca de la lucha que debían emprender las organizaciones y partidos políticos contra el discurso de los seguidores de Abimael Guzmán y el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef). Este organismo ‘autogenerado’ -en la jerga de Sendero Luminoso- era una organización fachada que pretendió inscribirse como partido político en el Jurado Nacional de Elecciones.

En aquella coyuntura, el Congreso preparó una ley sobre negacionismo –que no incluía las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, sino solo los crímenes cometidos por el grupo terrorista– y otra para realizar seguimiento a los presos de Sendero Luminoso que salieran de la cárcel, estar al tanto de sus actividades e impedir nuevos actos terroristas. Sin embargo, las leyes no llegaron a ser debatidas en el pleno y quedó pendiente el tema de cómo enfrentar políticamente al Movadef, que reclama la amnistía para aquellos que denominan “presos políticos”, un término que causa escozor a quienes los consideran meramente “terroristas”.

El juicio por el caso Tarata se produce tarde, pues se trata del atentado que hizo notar a los limeños, en su propio espacio, la vulnerabilidad y violencia que habían sufrido durante doce años el centro y sur andino a manos del grupo de inspiración marxista-leninista. Durante la audiencia del lunes en la Base Naval, los defensores de los imputados recordaron que ya hubo un juicio contra los autores materiales de la planificación y colocación del cocha bomba. Además, también se realizó otro juicio contra Edmundo Cox Beauzeville, miembro del Comité Central de Sendero Luminoso y responsable de reorganizar la agrupación en Lima tras la caída de Abimael Guzmán en septiembre de 1992. Cox recibió entonces una pena de 35 años y debe salir de prisión en 2028

Uno de los ocho abogados de los miembros de Sendero Luminoso calificó de “absurda” la petición de prisión preventiva para quienes siguen en prisión. Mientras, otros cuestionaron que el fiscal de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Penal, Jhonny Soto, indicara como sustento de la petición que los imputados no tenían domicilio y había riesgo de fuga. Los detenidos de la cúpula de Sendero Luminoso purgan su pena en cárceles de alta seguridad, en la Base Naval del Callao, en Canto Grande y en Piedras Gordas, todas en Lima.

Alfredo Crespo, el abogado de Abimael Guzmán y su esposa Elena Iparraguirre, refirió a la prensa que en el caso Tarata no hay prueba de que la cúpula ordenó el atentado. “Fue una decisión del comité zonal centro-Lima; por otro lado, cuando ocurrió Tarata, Morote y Margot Liendo estaban ya en prisión”, ha dicho. Crespo, quien estuvo preso durante once años por pertenecer a Sendero Luminoso, pedía que Morote y Liendo pudieran afrontar el juicio en comparecencia.

A los camarógrafos y fotógrafos se les permitió registrar tan solo diez minutos de las cuatro horas de audiencia, y su ingreso y salida estuvieron controlados por tres policías con armas largas. Otros cuatro vigilantes vestidos de civiles impidieron que los periodistas usaran su celular para tomar fotos o subir contenido en las redes sociales, lo cual daba cuenta de la preocupación de los operadores de justicia acerca de la visibilidad en los medios de comunicación de los miembros de Sendero Luminoso. La prensa pudo ingresar cuando los imputados estaban sentados de espalda al público en la sala, de modo que no se repitieran las imágenes de 2004 del fundador del grupo terrorista con el puño en alto.