El Gobierno catalán ha decidido hacer frente en la recta final de la legislatura a la polémica que le ha venido persiguiendo los últimos años por el encargo de informes y dictámenes a asesores externos cuya utilidad ha cuestionado una auditoría encargada por el propio Ejecutivo. La Generalitat creará una comisión que dos veces al año analizará los informes encargados por el conjunto del Gobierno y verificará la utilidad de los mismos. Con todo, la comisión estará formada por miembros del mismo Gobierno y no se garantiza el acceso público a los informes como pedía la oposición.
