El mismo informe del interventor municipal de Vigo sobre facturas pendientes de pago desató ayer la refriega entre el PP, que “destapó” el reconocimiento en ese informe de 327 facturas impagadas por importe de 4,6 millones de euros, y el alcalde, Abel Caballero, que reiteró —después de afirmarlo el jueves— que no esconde “ni una factura en los cajones” y que no debe nada a los proveedores municipales. La explicación de esa aparente contradicción está en los prespuestos de 2012.

 “No es cierto que el Ayuntamiento no tenga facturas pendientes con proveedores”, denunció el concejal popular Antonio Bernárdez para desmentir a Caballero, quien había asegurado la víspera, invocando el informe del interventor, que en Vigo no había deudas reconocidas pendientes de pago. “Hay 101 proveedores a los que el Ayuntamiento debe 4.613.993 euros y cuyas facturas entendemos que ya obran en poder del Ministerio de Economía”, replicó Bernárdez, apelando al mismo informe del interventor, Luis García. “Es el interventor municipal el que le ha sacado los colores al alcalde y acaba de descubrir sus mentiras”, apostilló.

Son en total 327 facturas, algunas pendientes de cobro desde 2008, aunque la mayoría, casi un centenar, corresponden a los ejercicios de 2010 y 2011. Caballero, sin embargo, respondió expresando su “orgullo” por la situación de las arcas municipales y subrayó que el Ayuntamiento vigués es “absolutamente un ejemplo” en ese sentido porque paga a sus proveedores en 32 días y “hay inversiones a mansalva”. En el mismo sentido se pronunció el portavoz del grupo municipal socialista, Carlos López Font, que instó a los populares a reconocer unas acusaciones “indignas y falsas”. “Las finanzas están saneadas desde 2007, no tenemos deudas con los proveedores y no necesitamos ese plan de salvación” [del Ministerio de Economía], reiteró López Font.

El informe del interventor reconoce la existencia de las facturas y su importe global al considerar “todas las deudas no contabilizadas, ya que las contabilizadas hasta el 31 de diciembre de 2011, y que al cierre del ejercicio ya estaban en Tesorería, fueron pagadas en su totalidad”.

“Para hacer frente a la situación descrita”, añade, “el proyecto de presupuestos para el año 2012 ha incluido en distintos programas presupuestarios, con expresión diferenciada [“reconocimiento extrajudicial de crédito”] aplicaciones para dar cobertura a las obligaciones nacidas al margen del presupuesto por importe de 4.627.697,54 euros. La justificación de que las cuantías sean distintas —unos 14.000 euros de diferencia— está en la posibilidad de que alguna factura de pequeña cuantía no entrase en el año 2011, pero se corresponde con una prestación de ese año, por lo que es necesario dotar el crédito”, indica el informe.