La Consejería de Sanidad "no se ha planteado", al menos hasta la fecha, prohibir fumar en espacios públicos en los que haya personas cerca, como ha anunciado el presidente de Galicia que hará desde este mismo jueves después de que el comité clínico de la Xunta así se lo haya recomendado ante el “riesgo alto de contaminación e infección” que supone consumir tabaco sin ninguna limitación en “terrazas con personas próximas” o en zonas de gran afluencia de personas, especialmente cuando se camina.

Idéntica medida se ha debatido en Francia y se ha adoptado en Sudáfrica. La Comisión Asesora COVID-19-OMC del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha reclamado a los poderes públicos que fomenten los cambios necesarios para avanzar en las políticas antitabaco, como parte del impulso para crear una nueva normalidad que defienda a la población de la pandemia.

"Tenemos varios frentes abiertos, pero ese ni siquiera nos lo hemos planteado", ha explicado el titular del departamento, Javier Guerrero, que ha remitido una consulta a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo para que aclaren si encuentran algún reparo a que la Ciudad siga publicando Decretos como el que promulgó el 23 de julio para reforzar la obligación de utilizar mascarilla en cualquier espacio público.

"Un particular", según fuentes del Ejecutivo local, ha recurrido dicha norma alegando que la Administración local carece de competencias para marcar tal prescripción y la Ciudad pretende tener seguridad jurídica antes de publicar el Decreto que incidirá en la prohibición de celebrar 'botellones' en la vía pública, uno de los ámbitos en los que a nivel nacional se ha detectado riesgo de propagación de la COVID-19.

La Junta de Extremadura ya se ha topado con la Justicia con un texto similar. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Mérida no ha ratificado la Resolución con la que se establecieron medidas preventivas adicionales de prohibición de reuniones y aglomeraciones de personas en la vía pública y en los espacios privados durante la situación de crisis sanitaria.

El auto emitido establece que las medidas de prohibir reuniones de más de 15 personas en espacios privados y los denominados 'botellones' no quedan suficientemente justificadas como para cercenar derechos fundamentales tales como la libertad personal, el derecho de reunión o la inviolabilidad del domicilio.