El delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González Pérez, y el director territorial del INGESA, Fernando Pérez Padilla, han dado este jueves un ultimátum definitivo a la empresa 'Ambulancias MP', adjudicataria del servicio de transporte terrestre de pacientes en la ciudad autónoma, para que resuelva de una vez por todas y para siempre las crisis cíclicas que generan sus retrasos en el abono de las nóminas a los trabajadores, que se están planteando convocar una huelga a principios de agosto.

En rueda de prensa, el delegado ha recordado que la Administración "no puede entrar en la organización interna" de una empresa, pero ha dejado igualmente claro que "si el impacto de la situación repercute en el servicio se tomarán medidas, que ya se están sopesando, para rescindir incluso el contrato existente".

Preguntado por el significado del concepto 'repercute en el servicio', González Pérez ha aclarado que tal hipótesis se daría si se consuman los paros anunciados. "Si la adjudicataria recibe los pagos que le corresponden de la Administración, no entendemos que ese dinero no llegue a los trabajadores", ha subrayado el delegado, quien ha destacado que "no se puede permitir que el conflicto repercuta en el servicio a los ciudadanos".

Durante otra comparecencia, Pérez Padilla ha sido igual de contundente: "El INGESA no va a entrar en el funcionamiento de la empresa, pero se han pedido informes jurídicos y el asunto podría pasar de conflicto colectivo a los Juzgados", ha aventurado.

"Vamos a cortar de raíz este problema muy grave que, gracias a la profesionalidad de os trabajadores, no ha afectado al servicio pese a las demoras en los pagos de los salarios y a que no parece existir ni garantía de que se produzcan", ha zanajado.

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