El Plan de Acción establece ocho líneas estratégicas que vertebran la política pública en salud mental para los próximos años. Entre ellas, destaca el refuerzo de los recursos humanos mediante la incorporación de figuras de apoyo mutuo
El Gobierno, Central a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes destinar más de 250.000 euros a Ceuta y Melilla, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), con el objetivo de reforzar la atención a la salud mental en ambas ciudades autónomas. En total, se transferirán 39 millones de euros a comunidades autónomas y al Ingesa en el marco del Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027.
Estos créditos, que serán gestionados por los distintos territorios y el propio Ingesa, se financiarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Sanidad para el ejercicio 2025. La formalización definitiva se llevará a cabo en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).
El Plan de Acción establece ocho líneas estratégicas que vertebran la política pública en salud mental para los próximos años. Entre ellas, destaca el refuerzo de los recursos humanos mediante la incorporación de figuras de apoyo mutuo, es decir, personas con experiencia en salud mental que serán contratadas en dispositivos asistenciales.
Se impulsará también la salud mental comunitaria, apostando por alternativas a la institucionalización como casas de crisis, equipos de atención domiciliaria, programas de apoyo a la vida autónoma y atención en crisis centrada en derechos. A esto se suman iniciativas de prevención de adicciones.
En el ámbito de los derechos humanos, se promoverán medidas para evitar intervenciones involuntarias y se crearán figuras de apoyo al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, contribuyendo así a la lucha contra el estigma.
Otro eje fundamental será la optimización de los tratamientos. En este sentido, se desarrollarán programas formativos y campañas para garantizar un uso adecuado de los psicofármacos y su correcta prescripción en todos los niveles asistenciales.
El plan también presta especial atención a los colectivos vulnerables, con el objetivo de mejorar su acceso a los servicios de salud mental y reforzar la formación profesional en áreas como la violencia de género y el acompañamiento a mujeres víctimas.
Asimismo, se contempla el impulso a la salud mental perinatal, infantil y adolescente, mediante programas preventivos y recursos específicos, incluyendo alternativas a la hospitalización para menores.
Para mejorar la planificación y evaluación, se apoyará el desarrollo de registros y sistemas autonómicos de información en salud mental, que permitan una gestión más eficaz y basada en datos.
Finalmente, el plan contempla actuaciones para fomentar la inserción laboral de personas con trastornos mentales, promoviendo su acceso a empleos dignos y la continuidad en el entorno de trabajo.
Esta inversión representa un paso significativo en el compromiso del Gobierno con la salud mental, reforzando la atención pública y adaptándola a las nuevas necesidades sociales.
