El director general del INGESA, José Julián Díaz Melguizo, y el delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, han coincidido este jueves en señalar que la Sanidad pública tiene que esforzarse por “cerrar los grifos” que permiten a quienes no tienen la condición de beneficiarios de asistencia sanitaria la comisión de “abusos” a través de “subterfugios”. Entre las medidas que adoptará la Administración se cuenta la de “elevar” los criterios de acceso a atención médica a través de los servicios de Urgencias.

“En nada favorece, ni a los que vienen ni a los que están, el colapso de este servicio con atenciones que se ajustan a lo establecido”, ha dicho González Pérez sobre uno de los supuestos excepcionales para atender a cualquier persona que contempla el Real Decreto-ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, la asistencia "de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica".

El delegado del Gobierno ha asegurado que las Fuerzas de Seguridad “ya están trabajando” también sobre las “mafias” que “se lucran trayendo a Ceuta mujeres embarazadas del país vecino para que den a luz en la ciudad autónoma”.

“La atención sanitaria fundamental y por solidaridad está garantizada, pero lucharemos contra los abusos y la utilización de subterfugios”, ha resumido sus objetivos el delegado después de que Díaz Melguizo asegurase que el presupuesto del iNGESA para la prestación asistencial en la ciudad autónoma crece “un 4%” en los nuevos Presupuestos Generales del Estado.

El director general del Instituto, que ha visitado por primera vez la ciudad para reunirse con las Juntas Facultativa y de Personal del mismo, ha cifrado en 82 millones la partida disponible “para Atención Primaria y Especializada” y ha asegurado que los “ajustes” sanitarios se limitarán en Ceuta, uno de los dos únicos territorios de gestión que mantiene el Estado junto con Melilla, “al gasto farmacéutico y corriente”.

Según Díaz Melguizo, el INGESA invertirá “algo más de un millón de euros” este año en la reforma de uno de los tres Centros de Salud locales. “A lo largo del año se completará la puesta en marcha de la historia clínica informatizada y a finales de 2012, la receta electrónica”, ha asegurado el director general, que ha asegurado “no tener datos” de cuánto cuesta a la Administración la atención a extranjeros, fundamentalmente marroquíes transfronterizos, en la ciudad.

Tanto el responsable del INGESA como el delegado del Gobierno han rechazado “especular” sobre cómo quedará la asistencia sanitaria a foráneos en caso de reforma de la Ley de Extranjería, aunque González Pérez ha sido tajante al afirmar que “sea como sea, los inmigrantes indocumentados acogidos en el CETI no perderán su derecho a recibirla en ningún caso”.

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