El documento de instrucciones previas no solo permite al paciente influir en las futuras decisiones asistenciales, sino que facilita a los profesionales de la salud "la toma de decisiones respetuosas con la voluntad del enfermo cuando este no tiene ya capacidad para decidir por sí mismo".

El Ministerio de Sanidad, que es el que gestiona el Registro de Instrucciones Previas en las ciudades autónomas de forma provisional ([email protected]) a la espera de posibles cambios legales que permitan su coordinación con las Administraciones de Ceuta y Melilla, ha comenzado este año con 132 residentes inscritos para "decidir sobre aquellos cuidados y tratamientos que desean recibir o no en el futuro si se encuentran ante una determinada circunstancia o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de sus órganos". En toda España han hecho lo propio casi 250.000 personas

Hace un año eran 107 los que habían plasmado negro sobre blanco sus deseos al respecto, 93 al principio de 2016 y solo dos en enero de 2013, según los datos que ha publicado este fin de semana el departamento que dirige Dolors Montserrat. La serie se inicia ese año ya que la sincronización completa de los registros autonómicos con el nacional no se concluyó hasta diciembre de 2012.

La Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica regula el documento de instrucciones previas, que define como "aquel mediante el cual una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, para que esta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlo personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de sus órganos".

El documento de instrucciones previas no solo permite al paciente influir en las futuras decisiones asistenciales, sino que facilita a los profesionales de la salud "la toma de decisiones respetuosas con la voluntad del enfermo cuando este no tiene ya capacidad para decidir por sí mismo".

La mayoría de los inscritos en Ceuta y Melilla son mayores de 65 años (47) pero la tasa de instrucciones previas activas de las ciudades autónomas sigue muy lejos de la media nacional. Mientras que en la ciudad autónoma no pasa de 0,7 por cada mil habitantes, en todo el país llega a 5,3 y en regiones como Cataluña y el País Vasco roza la decena.

Llegado el momento, el equipo sanitario consultará la declaración en aquellos casos en que la persona se encuentre en una situación que le impida expresar personalmente su voluntad. Mientras conserve su capacidad y posibilidad de expresarse, prevalecerá su voluntad sobre lo escrito en el documento.

El documento de instrucciones previas prevalece sobre la opinión de los familiares. No obstante, el otorgante puede designar a un familiar como representante que será el interlocutor ante el médico responsable o el equipo sanitario, para ayudar a interpretar, en su caso, las orientaciones contenidas en el documento. En cualquier momento puede sustituir, modificar o revocar sus instrucciones previas en cualquier registro autonómico, prevaleciendo siempre el último documento legalmente otorgado.