El Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario con su jefe, Julián Domínguez, a la cabeza ha lanzado un manifiesto abierto a toda la ciudadanía con el fin de recoger adhesiones para pedir al Ministerio de Sanidad y al Consejo Interterritorial de Salud que permita "adaptar" la Estrategia Nacional de Vacunación a la singularidad de Ceuta y Melilla (y otros territorios insulares) para, aprovechando que lideran las tasas de incidencia acumulada de positivos de la COVID-19, poner en marcha una experiencia piloto en ambas ciudades de inoculación a toda su población mayor de edad de una dosis, tal y como se ha hecho en Gibraltar, Escocia o Israel.

El texto del manifiesto, al que cualquiera puede sumarse remitiendo un correo electrónico a la dirección [email protected], aporta cinco criterios de naturaleza bioética, jurídica, epidemiológica, geodemográfica, de movilidad y de falta de recursos asistenciales para defender su necesidad y viabilidad.

"No supondría un detrimento ostensible en el conjunto nacional de vacunas, por lo que no afectaría al resto de España, ni tampoco un trato desigual, ya que jurisprudencialmente tratar desigualmente a los desiguales es justo, lo que es una discriminación positiva para una población muy desfavorecida por razones socioeconómicas", argumenta el manifiesto.

A los promotores de la iniciativa, los doctores Domínguz y Alamillos, les parece que en un contexto como el actual, con las ciudades autónomas liderando las tasas de incidencia acumulada de nuevos positivos a dos semanas, para el conjunto de España sería "de alto interés" contar con un ejemplo de real de inmunidad de grupo precoz habida cuenta de que los estudios de seroconversión realizados en el Hospital Universitario prueban que una sola dosis es eficiente para lograr niveles superiores al 80% de inmunidad.

"El aislamiento de Ceuta, la alta densidad de población, el hacinamiento domiciliario con una alta proporción de familias numerosas y la alta tasa de natalidad, así como la alta movilidad de profesionales y funcionarios de la administración principalmente, de imposible limitación por la normativa vigente", son otros factores que avalan la solicitud.

Además, las dos ciudades autónomas tienen "recursos asistenciales sanitarios muy limitados" y están "en permanente riesgo de colapso por su propio aislamiento a la hora de poder recibir recursos materiales y humanos, o de trasladar pacientes a otros hospitales, si fuera necesario".