El objetivo es consolidar el desarrollo del Plan de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, que constituye la hoja de ruta estatal para fortalecer el primer nivel asistencial, garantizando su calidad, equidad y sostenibilidad
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha aprobado en el Consejo de Ministros destinar 638.000 euros a Ceuta y Melilla a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) para reforzar la Atención Primaria. Esta medida se enmarca en una inversión total de 172,4 millones de euros destinada a todas las comunidades autónomas y al Ingesa para el desarrollo del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria. La propuesta será sometida a la aprobación definitiva del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
El objetivo es consolidar el desarrollo del Plan de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, que constituye la hoja de ruta estatal para fortalecer el primer nivel asistencial, garantizando su calidad, equidad y sostenibilidad. Este plan pretende modernizar y estabilizar la Atención Primaria a través de distintas líneas de acción concretas.
Entre las principales actuaciones previstas se encuentra la ampliación de los procedimientos diagnósticos accesibles desde los centros de salud, lo que permitirá mejorar la capacidad resolutiva del sistema. También se contempla la optimización de los procesos administrativos con el fin de reducir la carga burocrática que soporta el personal sanitario. Además, se impulsarán soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial, especialmente orientadas a la transcripción conversacional en consulta.
Otro eje clave será la renovación de las infraestructuras y el equipamiento clínico para modernizar los centros de salud y dotarlos con los medios necesarios. A ello se suma el fomento de iniciativas como las Escuelas de Salud para la Ciudadanía y los programas de Paciente Experto/a y Persona Cuidadora Experta, que buscan fortalecer el autocuidado y la participación activa de la población.
Asimismo, se implementarán programas de detección temprana de la violencia de género desde la Atención Primaria, se promoverá la interoperabilidad de las historias de salud digitales entre Atención Primaria, Hospitalaria y Sociosanitaria, y se desarrollarán proyectos orientados a garantizar el acceso y la continuidad asistencial de personas en situación de sinhogarismo, abordando la necesidad de un recurso habitacional como un determinante clave de la salud. Finalmente, se vincularán herramientas de recomendación de activos para la salud y recursos comunitarios desde la Historia de Salud Digital.
El reparto de los fondos se ha diseñado en base a criterios poblacionales, geográficos y estructurales. El 50% del crédito se distribuye de forma directa según la población protegida, la superficie, la dispersión y la insularidad. El otro 50% está condicionado al cumplimiento, antes del 31 de diciembre de 2025, de una serie de compromisos estratégicos por parte de las comunidades autónomas.
Entre esos requisitos se encuentra la publicación de una nueva oferta de empleo público que incluya todas las categorías de Atención Primaria, la implantación de medidas para garantizar la cobertura de los puestos de difícil cobertura, el nombramiento prioritario de enfermeras especialistas y el compromiso con la estabilidad del 100% de las unidades docentes acreditadas. Las comunidades que no acrediten documentalmente el cumplimiento íntegro de estos compromisos no podrán acceder al tramo condicionado de los presupuestos en 2026, en caso de que exista crédito disponible.
