El Sindicato Médico ha remitido este 4 de julio un escrito al Tribunal Supremo para que este estudie si la "inacción" del ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, pudiera ser constitutiva de delito por "bloquear la negociación del conflicto sanitario" existente en las dos ciudades autónomas.

La semana que viene, se cumplirán cuatro meses del estallido de la huelga, "la de mayor duración de toda España", tal y como el propio SMC se encarga de recordar siempre que puede. Los correligionarios de la organización sindical siguen insistiendo en que lo único que anhelan es "atraer nuevos facultativos" y mantener en suelo caballa aquellos que ya se desempeñan aquí.

Durante los casi 120 días de parones selectivos, los sindicatos médicos de Ceuta y Melilla se han reunido varias veces con el INGESA para tratar de desenquistar la situación. Pese a ello, como ya se dijo hace escasas fechas (y otras tantas veces antes de esa), todos los acercamientos han sido en vano. "Nadie por encima del INGESA en la estructura del Ministerio se ha dignado a comparecer", se quejan Enrique Roviralta y los suyos.

Son varias las cartas que ceutíes y melillenses han enviado al ente público: primero, a Carolina Darias; después, al Miñones; más tarde, al mismísimo Pedro Sánchez. "No ha habido ninguna respuesta", lamentan.

Los médicos venden su "insistencia" como "una muestra más" de que siguen "dispuestos a negociar con la Administración". Roviralta y compañía tienen la teoría de que el titular de Sanidad "quería que la huelga muriera por desgaste", pero advierten: "No se va a morir porque los médicos tienen dignidad para su puesto y su trabajo".