Vox ha anunciado este martes que ha "puesto en marcha el proceso para recurrir" ante los Tribunales la exigencia que va a imponer la Consejería de Sanidad de presentar el Certificado COVID que certifica haber completado la pauta de vacunación para poder entrar a locales hosteleros con aforos superiores a 50 personas, residencias de mayores, el Hospital y espacios de ocio nocturno.
Pese al rápido crecimiento de las tasas de incidencia acumulada de nuevos positivos, los de Juan Sergio Redondo creen que se trata de una “injusta y arbitraria decisión” que ha sido “incomprensiblemente avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”. Por ello, "al igual que en el resto de territorios donde se va a poner en marcha esta restricción", Vox la recurrirá.
Para el TSJA está claro que la medida propuesta “se halla justificada por razones de salud pública y ante la necesidad de evitar la propagación de la pandemia existente”. “Si bien plantea la controversia relativa a la posibilidad de su ratificación tras el levantamiento del estado de alarma, sigue amparándose en normales legales que contemplan restricciones por razón de la tutela de otros bienes e intereses constitucionalmente protegidos”, argumenta.
Redondo cree que “coarta los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos” y que se restringirá “la libertad de movimientos de los ceutíes al exigir un documento carente de legalidad alguna”. Además, alerta de "las consecuencias económicas" que acarreará a pesar de que actualmente sólo un 15% de la población caballa no se ha inmunizado contra la enfermedad del coronavirus.
“Desde VOX responsabilizamos al gobierno socialista-popular encabezado por Juan Vivas de este ataque directo a los derechos ciudadanos y del perjuicio que esta medida originará a multitud de pequeñas y medianas empresas, y autónomos dedicados a la hostelería y ocio nocturno”, ha apuntado Redondo, que ha pedido que "se eliminte de manera inmediata esta medida totalmente inconstitucional” que estará vigente desde este jueves al menos hasta el 7 de enero.
"El 'pasaporte COVID' acabará anulado como los inconstitucionales estados de alarma que fueron recurridos por Vox, pero hasta entonces se habrá generado un enorme perjuicio a la libertad de los ciudadanos y a la, ya de por si, maltrecha economía ceutí”, ha augurado.
