El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta ha decretado la apertura de juicio oral contra las ex consejeras de Fomento y Asuntos Sociales del Gobierno local, Susana Román y Rabea Mohamed, y el portavoz de Caballas, Mohamed Ali y José María González Barceló, los cuatro políticos o ex políticos que se sentarán en el banquillo por el 'caso Emvicesa'.
En el caso de Román, la Fiscalía pide para ella 11 años de prisión (seis por falsedad y cinco por organización criminal) y 10 de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación.
Mohamed y Ali están acusados por el Ministerio Público por prevaricación (una década de inhabilitación de petición de condena) y pertenencia a organización criminal (5 años de cárcel para cada uno), una imputación de la que no había habido rastro en la larguísima instrucción realizada, pero no incluye ni la falsedad que sí añade a la ex consejera de Fomento ni el tráfico de influencias o la malversación que señala la acusación particular.
La Fiscalía considera que los tres obraron en la Comisión Local de la Vivienda aprobando las listas de adjudicatarios "con pleno conocimiento de que se habían confeccionado por el acusado Antonio López al margen del procedimiento legalmente previsto".
De acuerdo con la instrucción, como miembros de la Comisión local de la Vivienda en dicho órgano, encargado de la fijación de criterios, control de aplicación de los mismos, aprobación de lista de adjudicatarios y fiscalización última del proceso llevado a cabo en EMVICESA, no se realizó "proceso reglado en la promoción de las 170 ni en la promoción de la conocida 'lista fantasma', ni fijó criterios de selección para el proceso de las 170 viviendas y la lista fantasma, ni aprobó ninguna lista de adjudicatarios en la promoción de las 170, incurriendo en falsedades tales como atribuir en los contratos de alquiler la calificación de adjudicatarios a sabiendas que no hubo proceso alguno de selección".
El ex gerente del PP hará frente a una acusación de tráfico de influencias por el que la Fiscalía solicita para él dos años de prisión. Según las diligencias, González Barceló "utilizaba su relación con el partido político en el que ostenta el cargo de gerente para conseguir de Antonio López una vivienda de protección oficial, dado que el investigado era conocedor de que entregaba las casas a cambio de dinero o fuera de todo proceso legal".
