Archivan la querella de una consultora para cobrar por 'fotocopias' con apoyo del jefe de Industria

Archivan la querella de una consultora para cobrar por 'fotocopias' con apoyo del jefe de Industria

- 'Oclem' ve rechazada en los Juzgados su iniciativa contra el interventor, que se negó a abonar dinero público por una auditoría que a su juicio no valía lo que costaba encargada 'a dedo' en 2011 para fundamentar una licitación millonaria que acabó siendo suspendida

- Manuel Jurado se alineó con la reclamante con un informe que supuestamente firmó antes de que la consultora le hiciese llegar, literalmente, "las notas para el informe que le solicita la presidenta de la GIUCE", que coinciden palabra por palabra


La Justicia ha archivado la querella presentada contra el interventor de la Administración local por una empresa madrileña, 'Grupo Oclem', por negarse a pagar casi 18.000 euros públicos por el informe que se le encargó en 2011 para fundamentar la licitación de un contrato público por 24 millones y durante 14 años para externalizar la gestión integral del alumbrado público exterior de la ciudad, concurso que finalmente fue cancelado por el propio Gobierno alegando razones de interés público. A juicio del técnico, la auditoría era poco más que un cúmulo de fotocopias y obviedades.

Antes de la vista oral, la Fiscalía ya había propuesto pasar página: “Nos encontramos ante una irregularidad administrativa a dirimir ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa por incumplimiento contractual” pero no “hechos constitutivos de delito subsumibles en el artículo 404 del Código Penal [prevaricación], ya que no se cumplen los requisitos exigidos jurisprudencialmente para que pueda hablarse de ese plus de reproche que convierte la irregularidad administrativa en ilícito penal”.

Cronológicamente, la historia se remonta a 2011, cuando se encomendó a esa consultora por el importe máximo (17.307,69 precio del contrato y 692,31 de 4% de IPSI) para hacerlo sin concurso un ‘Estudio-auditoría de Eficiencia Energética del Alumbrado Eléctrico de la ciudad’ encargado en 2011 y concretado en 92 páginas.

El estudio propiamente dicho dedica prácticamente su contenido total a transcribir datos suministrados por la propia GIUCE que se limitan a describir el emplazamiento de los centros de mando y las luminarias, habiendo elaborado, presuntamente, un cuadro con los valores de iluminancia de 23 viales”, resumió la Intervención para negarse a pagar alegando que el apartado de conclusiones se "despachó" con obviedades: que lo procedente era “la sustitución de las luminarias existentes dotadas de lámparas convencionales por otras de tecnología LED” y “dotar a las luminarias de un equipo electrónico de telegestión para realizar así una reducción de flujo adecuada”.

El órgano fiscalizador devolvió el expediente a la GIUCE negándose a hacer el pago, entre otras cosas porque el informe se había encargado en julio de 2011 con un plazo de ejecución de un mes y no se había presentado factura hasta diciembre de 2012, cuando la licitación ya había sido desestimada.

La por aquel entonces presidenta de la GIUCE, Susana Román, terció en la disputa instando al jefe de Industria, Manuel Jurado, a "justificar las causas" que habían motivado "el retraso en la entrega de la documentación"; si seguía siendo necesario contar con el estudio referido y "justificación en cuanto a la auditoría de lo recogido en informe técnico".

Jurado contestó, según la fecha de su respuesta, el 13 de julio de 2013 con un informe técnico alineado con la parte privada: "La documentación fue entregada el 8 de agosto de 2011 conforme a las directrices e instrucciones marcadas desde este Servicio, por tanto en ningún caso se puede considerar que hubiere retraso alguno". A su juicio "el desestimineto de la licitación [...] nada tiene que ver con el hecho cierto de que para la preparación de la misma se contratan los trabajos a 'Oclem". Además, hizo constar que la auditoría "dio pleno cumplimiento al objeto para el que fue encargada [...] y no obra en el expediente documento alguno que, en tiempo y forma, manifieste disconformidad alguna".

Los correos electrónicos de 'Oclem'

La investigación judicial no ha servido a 'Oclem' para cobrar pero sí ha arrojado luz sobre un aparente 'misterio' en la línea temporal de los acontecimientos. Supuestamente doce días después de firmar ese informe, un ingeniero técnico de 'Oclem' envió, a las 12.04 horas del 25 de julio, un correo electrónico al jefe de Industria. "Hola Manuel, ahí te [¿envío?] lo que hemos comentado esta mañana", empieza. El resto del 'mail' recoge, palabra por palabra, literalmente, la respuesta de Jurado a Román. Un cuarto de hora después, a las 12.19, el mismo técnico de la empresa envió a los dos administradores solidarios de la sociedad, Vicente Méndez y Eduardo Moya, otro correo: "Estas son las notas que le he enviado a Jurado para el informe que le solicita la presidenta de la GIUCE", el informe que, teóricamente, había sido presentado dos semanas antes.

En febrero de 2014, Caballas llevó el entuerto al Pleno amenazando al Ejecutivo de Vivas con ir a los Tribunales si pagaba o amagaba con un reconocimiento extrajudicial: "Nunca hubo acuerdo por el Consejo de gobierno, no tenemos absolutamente ningún problema en clarificar todo aquello que hay que clarificar. Entiendo su postura", respondió Román, "y desde luego nosotros somos los primeros interesados en que el expediente se esclarezca, porque usted comprenderá que no tenemos ningún interés, ni conocemos a la empresa, ni sabemos quién tiene que estar detrás de estas cuestiones".

El Acta Plenaria de la Sesión no lo recoge pero el presidente terció en el debate. Aparentemente estupefacto, pidió cuentas en voz alta a su equipo y dejó claro que el Gobierno arroparía las decisiones de Intervención “siempre”. También se comprometió a investigar "caiga quien caiga", hasta el fondo, “quién y por qué” pasó lo que pasó.

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